Después de varios meses de negociaciones, la Eurocámara ha dado luz verde a sus nuevas reglas fiscales. Una política de gobernanza económica que establece las bases a las que deberán ajustarse los estados miembros de la Unión Europea para cumplir con el límite de déficit del 3% sobre el PIB y mantener su deuda por debajo del 60% del PIB.
En el caso concreto de España, la puesta en marcha de las nuevas medidas implica la necesidad de abordar un recorte de 14.000 millones de euros al año para conseguir rebajar la deuda a los niveles exigidos desde Bruselas.
La evolución del marco de gobernanza económica
La gobernanza económica está compuesta por un conjunto de normas destinadas a corregir los desequilibrios económicos que existen entre las economías nacionales, a fin de que estas no causen efectos transfronterizos indirectos que puedan llegar a afectar a otros países de la Unión Europa que sí mantienen su economía en situación de equilibrio.
El Tratado de Maastricht (1992) estableció la arquitectura económica y monetaria de la Unión Europea, dando lugar a una gobernanza compuesta por un conjunto de procedimientos destinados a coordinar las políticas económicas de los estados miembros, para que estos puedan alcanzar los objetivos económicos marcados para ellos.
La gobernanza económica se basa en los principios de vigilancia, prevención y corrección de tendencias económicas debilitantes, lo que da potestad a las instituciones europeas para coordinar y supervisar las políticas europeas dentro del seno de la Unión.
Estas medidas han sido objeto de revisión en varios momentos de la historia, pero el más importante se dio a raíz de la pandemia de Covid-19 y la posterior crisis provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese momento, la incertidumbre económica y la necesidad de tomar medidas para la recuperación, llevaron a Bruselas a mostrarse más laxa en el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública. Pero ahora que la crisis inflacionista comienza a dar muestra de moderación, el objetivo es retomar la senda y las exigencias anteriores a la pandemia. Para ello, la Unión Europea necesitaba de unas nuevas normas para la gobernanza económica.
Reglas más realistas y menos rígidas
El objetivo de la negociación que acaba de finalizar era establecer unas reglas fiscales mejor adaptadas a la situación actual, más realistas y flexibles.
Para ello, se ha creado un sistema basado en la puesta en marcha de planes individualizados para cada país, que tendrán una duración de cuatro años. Aunque podrán extenderse hasta siete si hay reformas e inversiones que lo justifiquen.
El texto refrendado por el Parlamento Europeo será sometido a votación de los 27 estados miembros el 29 de abril, pero no se prevén sorpresas sobre su aprobación. Después, la norma se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los 20 días.
Como consecuencia, los estados tendrán que enviar a Bruselas sus primeros planes de ajuste plurianuales antes del 20 de septiembre de este año. El objetivo es que los estados empiecen a trabajar lo antes posible en reducir sus altos niveles de deuda y de déficit, pero que lo hagan de manera gradual y sostenible.
La situación de España
España cerró 2023 con un déficit del 3,66% del PIB y una deuda pública del 107,7% del PIB. El objetivo al que se debe llegar es que el déficit no supere el 3% el PIB y la deuda pública no esté por encima del 60% del Producto Interior Bruto.
Aquellos países que rebasan estos límites, como ocurre con España, tienen que realizar ajustes anuales del 0,4% del PIB en un plazo de cuatro años, y del 0,25% en caso de que su plazo se prolongue hasta los siete años. Si se incumplen los objetivos, se aplicará un nuevo sistema de multas crecientes que parte del 0,05% del PIB.
Con las nuevas reglas fiscales, España tiene que reducir su gasto en 14.000 millones de euros al año si quiere cumplir los objetivos y evitar las sanciones.
Para los expertos, las nuevas reglas fiscales podrían acabar como las anteriores, convertidas en un texto de imposible cumplimiento. Al establecer para los estados deudores un ritmo de reducción de deuda que es muy difícil de conseguir.
Como punto positivo, se destaca que es la primera vez que esta normativa incorpora el Marco de Convergencia Social a la gobernanza económica, y la convierte en una prioridad, junto a la transición digital, la transición verde y la defensa.