En su Informe Anual 2023, el Banco de España ha constatado que existe una creciente pérdida de la confianza de los agentes económicos en las instituciones, al percibirse una menor calidad en su funcionamiento. El documento recoge esta conclusión en un capítulo monográfico dedicado a los retos estructurales que enfrenta la economía española.
Desde la máxima autoridad bancaria española instan a los gobernantes a tomar medidas para revertir la situación, puesto que el descrédito de las instituciones afecta al crecimiento económico del país.
Niveles por debajo de la media europea
El informe del Banco de España destaca que la pérdida de confianza en las instituciones ha sido mayor en España que en otros países de la eurozona. Desde la crisis financiera de 2008 se aprecia un claro deterioro de la confianza en la calidad institucional.
De media, en Europa entre un 36% y un 39% de los ciudadanos confían en sus respectivos gobiernos y parlamentos nacionales. En el caso de España, la cifra se sitúa ahora entre un 28% y un 25%.
El documento destaca que, comparando el nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, el Gobierno nacional, el Parlamento y el sistema judicial entre los años 2007 y 2023, se aprecia un claro cambio de tendencia. Se ha pasado de tener un nivel de confianza por encima de la media europea, a estar por debajo de esa media.
A pesar del empeoramiento de los datos, España es el segundo gran país de la Unión Europea con mayor confianza en su sistema judicial, solo superado por Alemania.
Un fenómeno progresivo
El análisis del Banco de España refleja que la pérdida de confianza se ha venido dando de manera progresiva, pero muy especialmente tras la crisis de 2008.
El documento señala que “desde la crisis financiera se ha producido en nuestro país una caída en la confianza y en la calidad institucional. Mientras que en 1998 España se encontraba muy por encima de la media de la zona euro en términos de calidad institucional, en 2022 la situación se habría revertido”.
Un análisis muy similar al que también se desprende del Eurobarómetro de la Comisión Europea, y que coincide con la advertencia formulada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre que la fragmentación política podría obstaculizar el proceso de consolidación de las reformas estructurales y poner en riesgo el crecimiento económico de España a medio y largo plazo.
Hay margen para la mejora
El informe del Banco de España destaca que existe margen para la mejora de la calidad regulatoria. Para lograrlo habría que mejorar la eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas, aumentando con ello su productividad y generando un efecto de arrastre positivo sobre las decisiones de gasto, inversión e innovación en el sector privado.
También se pone de relieve la necesidad de hacer un seguimiento de la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas y las modificaciones llevadas a cabo en los procesos de acceso al empleo público. Todo ello incardinado dentro de la reforma de la Administración Pública que prepara el ministro José Luis Escrivá.
Además, el documento también hace referencia a la necesidad de abordar retos estructurales de gran envergadura como el progresivo envejecimiento de la población y el impulso de la productividad, así como la necesidad de reducir la tasa de paro.
Otro de los retos que se perfila en el horizonte, y que requiere de un alto nivel de confianza de los ciudadanos en el sector público para poder consolidarse, es el incremento del tejido productivo, facilitando la reasignación de recursos productivos entre sectores y empresas.
La máxima autoridad bancaria española señala que hay que abordar todos estos retos en un “contexto geopolítico muy complejo y en el que la actividad del sistema financiero nacional y global se encuentra sometida a considerables fuentes de incertidumbre”. A pesar de ello, insta a los Poderes Públicos a tomar medidas para recuperar la confianza perdida, porque el descrédito de las instituciones provoca un impacto negativo en el crecimiento económico del país. Mientras que revertirlo puede impulsar la productividad y, con ella, el avance del PIB.
El organismo liderado por Pablo Hernández de Cos ha reiterado que abordar con éxito este tipo de desafíos solo es posible si se diseña e implementa una estrategia integral con reformas ambiciosas y duraderas, para lo que pueden ser de gran utilidad los fondos europeos Next Generation.