En 2020, el Consejo Europeo decidió repartir fondos entre los Estados miembros para contribuir a la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. En total, se acordó destinar 390.000 millones de euros a transferencias no reembolsables y 360.000 millones de euros a préstamos reembolsables.
El reparto de los fondos que corresponden a cada país se hizo con la ayuda de un algoritmo que tuvo en cuenta tanto el número de fallecidos por la pandemia como la gravedad de la crisis económica derivada de la misma. De esta forma, España resultó ser uno de los países que más dinero va a recibir procedentes de los fondos Next Generation.
En 2023, el Consejo impuso a los Estados la obligación de presentar un listado que recogiera la identidad de los 100 principales perceptores de estos fondos en su territorio. El Ejecutivo español hizo público su listado en diciembre, y ahora lo ha actualizado, pero no se aprecian grandes cambios, porque los principales perceptores de estas cantidades continúan siendo entidades públicas.
Casi el 80% de los fondos han ido a parar al sector público
La nueva actualización de la lista de los 100 mayores perceptores de los Next Generation EU, publicada por el Ejecutivo hace algunos días, revela que casi el 80% de los 5.660 millones de euros repartidos entre los 100 principales beneficiarios de los fondos europeos han recaído en entidades del sector público.
Entre ellos destacan 25 ayuntamientos, con los de Madrid, Zaragoza y Alicante a la cabeza. Los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Transportes y Movilidad Sostenible; y Transición Ecológica y el Reto Demográfico han percibido el 6,2% de los fondos adjudicados a entidades públicas.
En el listado también destacan museos nacionales, Empresas Municipales de Transportes, autoridades portuarias, e instituciones públicas de diversa índole como INCIBE, INECO o TRAGSA, entre otras.
El 52% de los beneficiarios que aparecen en la lista de los mayores perceptores de fondos europeos son entidades de titularidad pública.
El principal receptor continúa siendo Adif. La entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha recibido 2.555 millones de euros.
A través de las convocatorias puestas en marcha hasta el momento, se han movilizado algo más de 62.400 millones de euros, y se han resuelto convocatorias por valor de 35.000 millones de euros. Cantidades que se han repartido entre algo más de 600.000 beneficiarios, de los que el 78,5% son empresas y cerca del 40% son microempresas y pymes.
Las empresas y entidades públicas que están en el ranking de los 100 principales beneficiarios de los fondos europeos han percibido el 15% de la cantidad total repartida hasta el momento.
Inversiones en automoción y sector ferroviario
Entre las empresas privadas, las que más fondos han captado de los Next Generation están relacionadas con el sector de la automoción y el ferroviario.
Power HoldCo va a recibir una inversión superior a los 3.000 millones de euros para la puesta en marcha de su nueva planta en Valencia dedicada a la fabricación de celdas de energía, que son un componente esencial en las baterías de litio de los vehículos eléctricos.
Stellantis España va a recibir apoyo para cuatro de sus grandes proyectos relacionados con las baterías. El más importante está en Aragón y se dedicará a la producción de celdas. Una vez aprobado el PERTE VEC III, Stellantis espera poder acceder a una cantidad mayor de subvenciones de las que ha recibido hasta ahora.
Rail & Truck Strait Union va a recibir dos subvenciones dentro del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital del Ministerio de Transporte. La primera por valor de 30.616.639 euros para la compra de vagones que destinará a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Y la segunda de 15 millones de euros para adquirir locomotoras eléctricas que operarán en esta misma línea.
Los expertos señalan que el sistema de reparto de las subvenciones procedentes de los fondos europeos es menos igualitario que el previsto en otras subvenciones y licitaciones, porque se da prioridad a las empresas grandes.
Para garantizar una mayor transparencia en el reparto de los fondos, el Ejecutivo ha puesto en marcha la base de datos Elisa. En la que cualquiera puede consultar la información disponible sobre el despliegue de los fondos. Pero no es posible buscar por empresas o consultar el estado concreto de un proyecto específico.
El Reglamento del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia determina que los Estados miembros deben actualizar su listado de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos dos veces al año. Preferentemente, en los meses de abril y octubre. Aunque España no cumplió con el plazo en 2023 (presentó el informe en diciembre cuando debería haberlo hecho en octubre), en está ocasión sí lo ha hecho.