El Índice de Competitividad Mundial de IMD, que se encarga de evaluar la capacidad que tienen los países para proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos a través de la forma en que utilizan los recursos productivos disponibles, sitúa a España en el puesto 40 de las 67 economías analizadas. Este es el peor puesto registrado en la última década. La presión fiscal y el exceso de burocracia están entre las principales razones que lastran el incremento de la productividad.
Otros estudios realizados en los últimos meses han llegado a la misma conclusión, tal y como se desprende del Índice de Competitividad que elaboró el Banco de España a finales de 2023, y de los reportes del Ministerio de Economía, que también ha reconocido la pérdida de competitividad.
Caída en el ranking
En los últimos años España se había mantenido entre los puestos 39 y 34, y en los dos últimos ejercicios se mantuvo en la posición 36 del Índice de Competitividad Mundial. En la edición de este año, alcanza su segunda peor posición (puesto 40), solo superada por la ocupada en el año 2013 (puesto 45).
El ranking lo lidera Singapur, que ya había logrado esta posición en 2020. El país asiátio destaca en los cuatro factores de competitividad medidos, pero muy especialmente en eficiencia gubernamental y eficiencia empresarial.
Junto a Singapur, en las primeras posiciones se encuentran Irlanda, Hong Kong, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán-Taipei, Holanda y Noruega.
Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial del IMD, ha señalado “creemos que las economías más competitivas del futuro serán aquellas capaces de anticiparse y adaptarse a este contexto global cambiante, al tiempo que crean valor y bienestar para sus ciudadanos, lo que también las hará sostenibles”. Y ha añadido que “entre los principales desafíos en materia de competitividad, se encuentra la transición a una economía circular y con bajas emisiones de carbono, la creciente integración de los mercados emergentes en la economía mundial y el ritmo de transformación digital”.
Reducir la presión fiscal como solución
El análisis de IMD destaca que uno de los grandes desafíos que enfrenta la economía española si quiere mejorar la productividad, es la necesidad de reducir la presión fiscal sobre las empresas y contar con un marco normativo estable y con menor peso de la burocracia.
Lo que proponen los especialistas es facilitar todo lo posible que las empresas puedan invertir de forma eficiente los fondos europeos procedentes del programa de recuperación. Dando paso a una economía que sea más resiliente, con un mayor protagonismo de la tecnología y una mayor inversión en I+D.
Pérdida de competitividad por el incremento de los costes laborales
Los informes sobre competitividad elaborados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, han puesto de relieve que España pierde competitividad frente a otros países de la Unión Europea por el incremento de los costes laborales, especialmente por el aumento de las cotizaciones sociales.
El registrado en los últimos meses es el primer deterioro de la relación competitividad-precio por costes laborales desde 2020, cuando esta se vio fuertemente afectada por los ERTES que se pusieron en marcha como consecuencia de la pandemia.
A finales de 2023 los costes laborales se habían incrementado un 5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Comparando el cuarto trimestre de 2023 con el de 2022, las empresas y trabajadores abonaron un 7% más en cotizaciones sociales obligatorias durante el año pasado, que en el anterior. De un año para otro los costes laborales no salariales crecieron un 8,3%.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional es otra de las razones que explica el incremento de los costes laborales, porque conlleva un aumento equitativo de las bases mínimas de cotización.
La falta de reformas estructurales en la industria
En el caso de la industria, la falta de competitividad es una de las principales preocupaciones de los empresarios.
El 74% de los profesionales del sector consideran que existe un problema estructural que impide que la industria española se desarrolle al nivel que debería hacerlo. Esto está llevando a una merma del peso de este sector en el Producto Interior Bruto (PIB) español. Factor que también se achaca a la falta de inversión en I+D+i.
Los especialistas reclaman una nueva Ley de Industria adaptada a los tiempos actuales, que contenga programas específicos para “zonas de reto demográfico” y una mayor homogeneidad en los reglamentos de seguridad industrial.