A fin de mantener la estabilidad económica y financiera, la Unión Europea establece unos límites de déficit y de deuda pública que los Estados miembros no deben rebasar. Si lo hacen, son objeto de sanción.
Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, la Comisión Europea se ha mostrado más flexible con respecto a estos parámetros. Al entender que los países necesitaban un mayor margen de maniobra para poder recuperarse de la crisis.
Ahora, una vez superado el peor momento, la Comisión ha vuelto a aplicar los límites prefijados de deuda y déficit, y ya ha anunciado que va a abrir un procedimiento sancionador a Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia por excederlos. En el caso de España, Bruselas ha decidido no tomar medidas por el momento, aunque volverá a revisar los datos en otoño.
Datos por encima del límite
La Unión Europea tiene establecido un límite del 3% para el déficit y del 60% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) para la deuda pública.
España cerró 2023 con un déficit del 3,6% y una ratio de deuda pública con respecto al PIB del 107,7%. Sin embargo, ha quedado fuera del denominado Paquete de Primavera, que retoma los expedientes por déficit excesivo. Porque las proyecciones de cara al futuro son buenas, y se espera que el déficit esté en el 3% a finales de este año, y en el 2,8% para 2025.
En materia de deuda pública también se esperan ajustes este año. La previsión del Ejecutivo comunitario es que España cierre el año en niveles del 105,5% sobre el PIB, y que el porcentaje caiga al 104,8% en 2025. Estas cifras están lejos del umbral del 60% marcado por la Unión Europea, por lo que el Gobierno tendrá que presentar en septiembre en Bruselas un plan de ajuste para explicar cómo va a rebajar la deuda pública en los próximos años.
Un procedimiento que no es nuevo para España
En 2009 el déficit público se disparó hasta el 11%, motivo por el que la Unión Europea decidió abrir un procedimiento por déficit excesivo que estuvo abierto hasta 2019.
Desde 2012 el déficit fue decreciendo, pero a un ritmo menor que el exigido por Bruselas. De hecho, España tuvo que solicitar cuatro prórrogas y estuvo a punto de ver congelada la llegada de fondos europeos por no haber adoptado suficientes medidas correctivas.
Tras la puesta en práctica de más reformas y la mejora económica, en 2018 España tuvo un déficit del 2,5% del PIB. Aunque estaba tres décimas por encima del objetivo marcado por Bruselas (2,2%), finalmente el Ejecutivo europeo cerró el expediente en 2019.
Bruselas sanciona a siete países
A principios del mes de junio la Comisión Europea confirmó que había 11 países en una situación de déficit excesivo a los que se podía abrir expediente sancionador. Ya en aquel momento, el vicepresidente económico del Ejecutivo Europeo, Valdis Dombrovskis, se mostraba partidario de la flexibilidad: “si hay un país cuyo déficit excesivo se acerca al 3%, pero de forma temporal, podríamos decidir no utilizar el procedimiento de déficit excesivo. Entraría en juego el presupuesto de 2024”.
Finalmente se ha cumplido la previsión del comisario letón, y España junto a Estonia, Austria y República Checa se han librado del expediente.
Los que no lo han hecho han sido Francia (5,5%), Italia (7,4%), Bélgica (4,4%), Hungría (6,5%), Malta (4,9%), Polonia (5,1%) y Eslovaquia (4,9%), que rebasaron en 2023 el límite de déficit del 3% de una manera significativa.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, la aplicación del procedimiento por déficit excesivo no se llevará a cabo hasta el otoño. Será entonces cuando Bruselas proponga a los países afectados cuál es la senda de ajuste que deben seguir para ajustarse a los niveles de déficit tolerados.
En el caso de Rumanía, el país lleva dentro del procedimiento por déficit desde 2020 y ha recibido una advertencia por parte del Ejecutivo europeo, por no haber hecho esfuerzos suficientes en este tiempo para salir de la situación en la que se encuentra.
2024 está siendo un año de transición a la vuelta de las reglas fiscales, después de varios años de suspensión. El objetivo es que en 2025 se retome la aplicación definitiva. Desde la Comisión Europea destacan que lo que se persigue ahora con los expedientes es reorientar a los Estados hacia una prudencia en el gasto, en lugar de imponer medidas drásticas de recorte como las que se tomaron como consecuencia de la crisis financiera de la pasada década.