El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un tributo que grava el consumo y que se aplica en la mayor parte de los países del mundo, aunque el tipo de gravamen puede variar mucho en función del país y del producto o servicio de que se trate.
En España, el IVA es el impuesto que más recauda, solo superado por el IRPF. Pero la recaudación tributaria por este impuesto está lejos de lo que obtienen otros socios comunitarios y, por ello, desde hace algún tiempo se están realizando estudios sobre cómo podría reformarse. De manera que permita recaudar más y, a la vez, no se convierta en un problema para los consumidores más vulnerables.
A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto un sistema de IVA progresivo, que tenga en cuenta el nivel de renta de quien tiene que abonarlo, y compense en tiempo real a los consumidores más pobres.
El IVA no es un impuesto progresivo
La progresividad es un principio fiscal básico que determina que pagan más tributos quienes más tienen y, por el contrario, aquellos que tienen un menor poder adquisitivo, pagarán menos. Porque se entiende que así se lleva a cabo una redistribución más justa de la riqueza.
Sin embargo, el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo regresivo. Cualquier consumidor paga lo mismo por él, con independencia de su riqueza. Si el IVA de un libro es del 4%, este tipo de gravamen se aplica a todos los consumidores que adquieran un libro.
Por eso, la mayoría de los Estados han optado por diseñar un sistema tributario en el que el impuesto que grava el consumo tiene diferentes tipos de gravamen en función del producto o servicio adquirido.Si esos productos o servicios tienen la consideración de básicos, el gravamen que se aplica sobre los mismos es menor.
En el “libro blanco” para la reforma fiscal presentado por un comité de expertos en 2022, ya se recogía el hecho de que España pierde muchos ingresos por la aplicación del gravamen reducido y superreducido el IVA, unos 30.000 millones de euros al año.
Este informe planteaba la eliminación de los tipos reducidos y el ajuste del tipo general a un nivel más reducido del actual. Pero estableciendo algún tipo de compensación para los consumidores con rentas más bajas. Esto no haría al IVA un impuesto puramente progresivo, pero evitaría que fuera netamente regresivo, como lo es en la actualidad.
No obstante, los expertos destacaron en su momento que este es un ajuste fiscal complejo que llevaría un tiempo sacar adelante. De hecho, no se han realizado avances en esta materia.
La propuesta del FMI
La medida que propone ahora el FMI está inspirada en cierto sentido en la reforma fiscal propuesta por los expertos en España. Lo que plantea este organismo es la puesta en marcha de un IVA con un carácter progresivo que no requeriría de una revisión a fondo de los sistemas fiscales en los que se aplique.
La idea es aprovechar las nuevas tecnologías fiscales digitales. La propuesta elaborada por los economistas Artur Swistak y Rita de la Feria defiende que: “a efectos de un IVA progresivo, los sistemas en tiempo real más prometedores son los que exigen la notificación sistemática de las transacciones B2C (entre empresas y consumidores) a los almacenes de datos, para evitar la infradeclaración. Y ya existen algunos sistemas de este tipo que conectan las cajas registradoras del sector minorista a almacenes de datos masivos, que registran las transacciones B2C en tiempo real”.
En Portugal, la información de las facturas se remite a una central de datos que identifica a los contribuyentes individuales a través de sus números de identificación personales. Este sistema se ha concebido como un incentivo para el cumplimiento porque, si los consumidores solicitan que se añada su NIF a la factura electrónica, obtienen una participación en una lotería mensual, y lo que han pagado de IVA se deduce de su liquidación del Impuesto sobre la Renta.
El estudio del FMI plantea varios modelos para implementar un IVA progresivo y destaca entre sus beneficios que reduce la desigualdad. Pero también reconoce que un sistema basado en la tecnología, y en el que se manejan datos sensibles de los consumidores, también supone un riesgo para la ciberseguridad e incrementa las posibilidades de que aparezcan nuevos fraudes. Por ejemplo, que personas con ingresos bajos estén dispuestas a intercambiar su NIF para que otros puedan beneficiarse de la compensación del IVA.