En la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes, se ha aprobado la subida salarial del 2% para los funcionarios públicos que estaba recogida en el acuerdo marco firmado entre el Gobierno y los sindicatos hace tres años, y que todavía no se había llevado a efecto.
En julio los funcionarios van a recibir una “paguilla” que contendrá los atrasos generados entre los meses de enero y junio, porque la medida aprobada tiene efecto retroactivo hasta el 1 de enero de 2024.
Una medida pactada
A finales de 2022, el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO llegaron a un acuerdo marco sobre la revalorización de los salarios públicos.
La medida preveía un incremento del 2% en 2024, que no se había aplicado hasta ahora porque este alza salarial estaba recogida en el proyecto de ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, que lleva meses tramitándose en el Congreso.
Las nóminas de los funcionarios empezaron 2024 congeladas, sin cambios con respecto al 2023, pero a partir del mes de julio se van a incrementar un 2%. Cifra que continúa estando por debajo de los niveles de inflación, que se sitúan en torno al 3,6%.
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha confirmado que los funcionarios de la Administración General del Estado notarán el ajuste en su nómina de julio, que ya llevará incrementado el 2% y sumará los retrasos. El resto de Administraciones también están obligadas a incrementar el salario de sus plantillas en un 2%, pero no tienen que hacerlo necesariamente en julio. Eso sí, una vez que lo hagan, deben tener en cuenta el efecto retroactivo de esta medida.
Una posible subida de un 0,5% más
El acuerdo marco entre Gobierno y sindicatos también preveía un incremento variable del 0,5% del sueldo de los funcionarios, si el IPC armonizado del período 2022-2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado en esos tres años.
Hasta mayo de 2024 el IPC armonizado acumulado ha sido del 16,76%, mientras que el incremento salarial en ese tiempo ha sido del 6,5%. Por lo que es previsible que se aplique este incremento variable a finales de 2024, también con efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2024.
CSIF organiza protestas
El sindicato CSIF se desmarcó en su momento del acuerdo marco por considerarlo insuficiente. Desde entonces, ha criticado la pérdida salarial que están experimentando los empleados públicos, que cuantifica en torno a un 7%.
Por eso, a pesar de la subida salarial anunciada hoy, mantiene su convocatoria de concentración el próximo jueves frente al Ministerio de Hacienda, para reclamar un nuevo acuerdo salarial.
Representantes del sindicato han advertido al Gobierno de que puede avecinarse un “otoño caliente”, porque tienen previsto intensificar sus movilizaciones a la vuelta del verano. Protestas cuyo objetivo prioritario es conseguir mejoras salariales para los empleados públicos, así como una mejora en las condiciones laborales, la puesta en marcha de las reformas que están pendientes y una mejora en la Oferta de Empleo Público.
Los conflictos entre los funcionarios y el Gobierno, ya sea por el salario u otras condiciones laborales, no son nada extraño. Recientemente, los funcionarios de Hacienda han dado un ultimátum a la ministra del gremio, advirtiéndole que irán a la huelga en julio si no se escuchan sus reivindicaciones y se cumplen los acuerdos que ya se habían pactado.
Los sindicatos también denuncian la precariedad laboral que se vive en la Administración Pública. Según los dirigentes de CSIF, más del 30% de la plantilla se encuentra en una situación de precariedad laboral, encadenando un contrato temporal tras otro.
En relación con este tema, está pendiente la decisión del Tribunal Supremo sobre qué va a ocurrir con los interinos que llevan años acumulando contratos de duración determinada con la Administración Pública. Una cuestión sobre la que ya se ha pronunciado la Justicia europea, que aboga por convertir a todos estos empleados en indefinido
Por lo que respecta a las nuevas convocatorias de empleo público, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios no creen que la intención del Ejecutivo de hacer una Oferta de Empleo Público de récord con más de 40.000 vacantes, sea suficiente para solventar el problema de falta de personal que sea ha producido en la Administración en los últimos años.