La Oferta de Empleo Público (OEP) se publica cada año y contiene la previsión de incorporación de recursos humanos a la Administración Pública, en función de las necesidades y prioridades de esta, y teniendo en cuenta su disponibilidad presupuestaria.
La OEP de 2024 todavía no se ha publicado, pero desde el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha trascendido que los datos pueden ser históricos, con más de 40.000 vacantes que, seguramente, se convoquen de forma progresiva a lo largo del segundo semestre y en 2025.
El objetivo es fortalecer la Administración Pública y cubrir las necesidades de personal en sectores importantes.
Detalles de la OEP 2024
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha confirmado que la Oferta de Empleo Público de este año contendrá un total de 40.121 plazas, de las que 20.840 se ofertarán a través del turno libre. 10.600 corresponden a la promoción interna y 8.681 se destinarán a cubrir plazas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto por turno libre como por promoción interna.
Además, se van a incorporar las 3.000 vacantes que quedaron pendientes de convocar de las OEP de 2022 y 2023.
Las plazas se van a dividir entre los diferentes Cuerpos de la Administración Pública, pero desde el Gobierno han destacado que se va a dar prioridad a las plazas relacionadas con la atención a la ciudadanía, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social y las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Todas ellas consideradas prioritarias por la carencia de personal que arrastran desde hace tiempo y que está afectando a su funcionamiento.
En el caso concreto de la Seguridad Social, esta Administración ha convocado recientemente 2.500 plazas para administrativos después de más de 30 años sin realizar oposiciones para cubrir este tipo de puestos.
Por el momento no hay fecha confirmada para la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2024. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha confirmado que se está negociando con los sindicatos y próximamente se aprobará en el Consejo de Ministros.
El conflicto con los interinos
Con una OEP que superará las 40.000 vacantes de empleo público, el Ejecutivo quiere reforzar y rejuvenecer la Administración Pública, porque muchos departamentos están teniendo que hacer ya frente a la jubilación de funcionarios pertenecientes a la generación del baby boom, lo que reduce todavía más los medios personales disponibles.
Para cubrir vacantes y conseguir que el trabajo salga adelante, la Administración ha estado recurriendo a la interinidad en las últimas décadas.
Muchos interinos llevan más de 10 y 15 años en su puesto sin haberlo consolidado, y han denunciado esta situación ante la Justicia europea.
En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha manifestado que España tiene la obligación de hacer fijos a los interinos debido al “abuso” que ha cometido la Administración Pública, al encadenar varios contratos temporales para cubrir vacantes que deberían haber estado ocupadas por funcionarios de carrera.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo se negó a aplicar una resolución en el mismo sentido dictada por el TJUE, a raíz de la demanda de unas interinas que demandaban que su contrato temporal de larga duración se transformara en indefinido.
La nueva resolución del TJUE señala que, a falta de otras medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y sancionar los abusos en el encadenamiento de contratos temporales en la Administración, su conversión en contratos indefinidos puede constituir la mejor medida para reparar el daño causado a los afectados y prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro.
Los juristas aclaran que la intención de la Justicia europea no es que los interinos se conviertan en funcionarios de carrera de manera automática, sino que se les apliquen las mismas causas de cese previstas para estos. Aunque su estatus jurídico en otras cuestiones continúe siendo diferente.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cuarto trimestre de 2023 había en España 3,5 millones de trabajadores públicos, de los que un millón estaban vinculados a la Administración Pública a través de un contrato temporal.
Tras la nueva sentencia del TJUE, le corresponde ahora al Tribunal Supremo volver a pronunciarse para hacer una unificación de doctrina y decidir definitivamente cómo se puede compensar a los interinos que llevan años encadenando contratos temporales.