Según los registros oficiales del Banco de España, los préstamos al consumo han estado creciendo a una media del 6% mensual en lo que va de año, alcanzando un nivel que no se veía desde principios del 2009.
El saldo de financiación al consumo se incrementó un 7,2% en comparación interanual en mayo, y en abril superó la barrera de los 100.000 millones por primera vez desde marzo de 2009. Con un interés promedio del 8%, lo que es hasta un 25% más caro que la media europea.
El consumo se mantiene, pero aumenta el gasto
El impacto de la inflación y la fuerte subida de los precios han mermado los ahorros de las familias y les han obligado a reconfigurar su presupuesto para hacer frente a los gastos del día a día. Mientras que para los gastos extra se acude cada vez con más frecuencia a los créditos al consumo.
En mayo, la cifra prestada por las entidades bancarias a través de este producto se situó en los 101.319 millones de euros.
Según el VI Barómetro de Préstamos al Consumo elaborado por la asociación de usuarios financieros Asufin, en los últimos tiempos se aprecia un descenso en los créditos al consumo por necesidad, mientras que aumenta el número de los que se piden para disfrutar de las vacaciones. Los consumidores no compran más, pero sí necesitan ayuda para sufragar gastos que antes podían cubrir directamente con sus ingresos, como ocurre con los viajes.
Nueva normativa sobre los créditos al consumo
La Unión Europea aprobó el año pasado la Directiva 2023/2225/CE sobre contratación de créditos al consumo, que debe estar en vigor en los Estados miembros en noviembre de 2026, como muy tarde. En el caso de España, ya se está trabajando en su transposición al ordenamiento jurídico interno.
La nueva norma incluye la obligación de que todas las entidades que ofrecen créditos al consumo estén debidamente registradas y cumplan con ciertos parámetros en materia de publicidad y deban hacer una evaluación de solvencia de sus clientes que prevenga su endeudamiento excesivo.
En España, los créditos al consumo se agrupan en las categorías de préstamo personal, crédito rápido y línea de crédito, siendo el crédito rápido el que más polémica genera, por los abusos que se han cometido en la aplicación de intereses.
Los créditos rápidos se conceden casi de forma automática, y acceder a ellos es tan fácil como hacer una llamada telefónica o una gestión online. La concesión es tan rápida porque no se hace un análisis de riesgos y de solvencia, lo que permite a los consumidores pedir varios créditos de este tipo y acabar sobreendeudados.
En los últimos años, se han disparado las denuncias de consumidores frente a las entidades que conceden estos créditos rápidos, acusándolas de aplicar unos intereses demasiado elevados y de llevar a cabo prácticas abusivas a la hora de reclamar el pago en caso de incumplimiento por parte del deudor.
Organizaciones de usuarios como Asufin y Adicae advierten de que “el peligro de estos productos aflora con el impago, algo muy frecuente en la medida en que se otorgan muchas veces sin el debido estudio de solvencia del cliente. Este tipo de créditos empujan al consumidor a una espiral de sobreendeudamiento de la que es muy difícil salir”.
El Defensor del Pueblo, junto con el Banco de España y el Ministerio de Economía, han comenzado una investigación para conocer cuál es el nivel de protección que este tipo de entidades están dando a los consumidores, así como para analizar los elevados intereses aplicados y los breves plazos de devolución que se ofrecen.
Por su parte, el Banco de España ha recordado que muchas de las entidades que ofrecen créditos rápidos no tienen la consideración de entidades de crédito, por lo que escapan a su supervisión. Su recomendación para los consumidores destaca “antes de contratar un crédito rápido, es importante asegurarnos de cuál va a ser la cantidad de la que realmente vamos a disponer, la cuota que vamos a pagar y, sobre todo, ser conscientes del precio al que nos están prestando el dinero”.
Con la transposición de la Directiva europea, se busca aumentar la protección de los consumidores, garantizando que la información crediticia importante, como el coste total del crédito, se muestre al consumidor de una forma comprensible y clara, para que este pueda tomar su decisión de una manera más informada.