En una reciente reunión con Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, la Plataforma Denaria le ha transmitido su petición de que se dé un mayor respaldo institucional al uso del dinero en efectivo, tal y como reconoce esta en un comunicado público.
La plataforma ha entregado al Defensor del Pueblo un documento con propuestas para reforzar el acceso y la aceptación del efectivo. Medidas que, a su juicio, son todavía más importantes tras la reciente caída de los servicios informáticos de Microsoft en buena parte del mundo como consecuencia del fallo de la actualización de la empresa de ciberseguridad Crowdstrike.
La petición de Denaria
Denaria es una asociación sin ánimo de lucro que engloba a colectivos, entidades e individuos que abogan por la defensa del uso del dinero en efectivo como un bien social y público.
La plataforma destaca que es importante aumentar la conciencia de las instituciones públicas y la Administración sobre la relevancia que tiene el dinero en efectivo en el día a día de los ciudadanos. Su comunicado destaca que, “al igual que otros servicios esenciales como la electricidad o la educación, el acceso al efectivo debe ser garantizado como un derecho por los poderes públicos”.
Desde Denaria recuerdan que el efectivo continúa siendo una de las fórmulas de pago preferidas por los ciudadanos.
Durante la jornada “El efectivo, garantía de una transición digital justa, inclusiva y segura”, Javier Rupérez, presidente de la plataforma, declaró que “el efectivo sigue siendo el método principal de pago para un número muy importante de consumidores en España, y casi un 70 % de los ciudadanos lo considera muy importante en su día a día, como así se constata en los análisis de Denaria y en los datos del Banco de España”.
Aunque se cierran una media de 2.000 cajeros automáticos al año, durante 2023 la retiradas en efectivo en cajeros aumentaron un 4 % con respecto al año anterior.
Desde Denaria han explicado al Defensor del Pueblo que no se está divulgando de forma conveniente entre los ciudadanos que tienen derecho a pagar con efectivo. Porque, de hecho, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios impone a todos los establecimientos comerciales y profesionales la obligación de aceptar el pago en efectivo, y prevé sanciones para quienes no lo hagan.
La plataforma también ha insistido en que se echa de menos un mayor apoyo institucional que garantice la supervivencia del dinero en efectivo, y denuncia que no se están llevando a cabo mecanismos de apoyo a las infraestructuras de efectivo como las oficinas bancarias y los cajeros.
Trabas desde las instituciones públicas
Denaria señala el papel que están teniendo las instituciones públicas a la hora de acotar el uso de efectivo. Especialmente desde que entró en vigor el límite de pago en efectivo de 1.000 euros como forma de prevenir el blanqueo de capitales, o las restricciones al pago del alquiler a través de medios diferentes a la transferencia bancaria.
Las propuestas presentadas para mejorar la situación pasan por establecer una red adecuada de puntos de retirada y depósito de efectivo que sean accesibles y sostenibles e informar a los consumidores con mayor claridad sobre el derecho que les asiste a pagar con efectivo en cualquier establecimiento comercial. También proponen dejar de lado las restricciones al uso de billetes de alta denominación.
El Defensor del Pueblo se ha mostrado de acuerdo con las ideas propuestas y se ha comprometido a tomar parte para que las autoridades adopten medidas que mejoren la infraestructura de acceso al dinero en efectivo. De hecho, el pasado mes de mayo, desde la oficina del Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales se emitió el informe “Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables”, que pone de manifiesto el problema social y económico que supone el cierre masivo de oficinas bancarias, un fenómeno que se ha extendido en los últimos 15 años.