El Gobierno ha dado un paso decisivo para frenar las prácticas abusivas de las comercializadoras de electricidad y gas, proponiendo la prohibición de la contratación de suministros a través de llamadas telefónicas. Esta medida, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene como objetivo principal proteger a los consumidores de ofertas engañosas y malentendidos que suelen surgir en este tipo de transacciones.
El nuevo Reglamento General de Suministro y Contratación, enmarcado dentro de un Real Decreto que se encuentra en la etapa de audiencia pública, incluye esta propuesta. Según lo especificado en el artículo 13 del decreto, se pretende prohibir que los comercializadores puedan realizar publicidad y cerrar contratos de suministro por teléfono, a menos que sea el propio consumidor quien lo solicite o inicie la comunicación. Esta medida busca proteger a los usuarios, quienes a menudo se enfrentan a contratos poco claros o insuficientemente documentados cuando estos se acuerdan por vía telefónica.
Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en evidencia la magnitud del problema, indicando que hay «numerosas reclamaciones de consumidores por presuntas ofertas telefónicas engañosas» realizadas por las comercializadoras de energía. Estas llamadas, en muchos casos, se llevan a cabo sin el consentimiento del usuario, lo que deriva en «contrataciones del suministro con deficiencias o sin un consentimiento informado del consumidor».
La ministra Teresa Ribera ha subrayado la importancia de esta regulación, destacando que es fundamental para «evitar estas malas prácticas en la captación de clientes».
Si la normativa se aprueba, las empresas estarán obligadas a grabar todas las llamadas en las que se formalice un contrato, sin importar quién haya iniciado la conversación. Esto incluiría toda la información dada al consumidor, así como los detalles precontractuales con los aspectos esenciales de la oferta.
Aunque la vigente Ley General de Telecomunicaciones de 2022 ya reconoce el derecho del usuario a “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial”, no prohíbe explícitamente la contratación telefónica. Esto ha permitido que las comercializadoras de gas y electricidad continúen utilizando este canal para ofrecer sus servicios.
El documento que contiene esta propuesta ha sido distribuido entre las partes interesadas y permanecerá abierto para la presentación de alegaciones hasta el próximo 13 de septiembre. Esta iniciativa podría marcar un cambio significativo en la forma en que se realizan las contrataciones de suministros energéticos en España, en defensa de los derechos de los consumidores.