El Gobierno ha decidido bloquear la oferta pública de adquisición (OPA) que el consorcio húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) había presentado sobre la empresa española Talgo, alegando la necesidad de «proteger los intereses estratégicos» del país. Esta decisión fue tomada en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, tras recibir el informe de la Junta de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la cual concluyó que la operación representaba «riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público».
Según el comunicado emitido por el Ejecutivo después del Consejo de Ministros, «la no autorización de la operación se produce en aplicación de la normativa vigente en nuestro país en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales». Esta normativa, introducida para controlar las inversiones extranjeras, fue determinante en la decisión del Gobierno.
Talgo es considerada por el Ejecutivo como una empresa «estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España». Debido a su importancia, se ha aplicado la normativa antiopas para impedir que la operación siga adelante. La Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), organismo que analiza este tipo de operaciones, calcula que la compra del 100% de Talgo por parte del grupo húngaro podría comprometer «la seguridad nacional y el orden público».
El Gobierno tenía como plazo máximo hasta finales de octubre para tomar una decisión sobre esta operación, aunque inicialmente la fecha límite era el 10 de agosto. Sin embargo, debido a que la Junta de Inversiones solicitó información adicional, el plazo se ampliará por tres meses más. La autorización del Gobierno era imprescindible para que la operación continuara, en cumplimiento de la normativa antiopas establecida durante la pandemia del coronavirus. Ante las noticias de que el Gobierno podría vetar la operación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender temporalmente la cotización de Talgo hasta las 14:45 del mismo día, «mientras se difunde una información relevante sobre la citada entidad» .
La OPA presentada por el consorcio húngaro valoraba a Talgo en 620 millones de euros, ofreciendo 5 euros por acción, lo que representaba una prima del 41,4% respecto a la media de la cotización en los seis meses anteriores a la oferta. Magyar Vagon defendió su propuesta, asegurando que el precio ofrecido era justo.
En cuanto a la relación del consorcio húngaro con el Gobierno de su país, el 45% del capital de Magyar Vagon está en manos de Corvinus, un fondo estatal húngaro. Este hecho, junto con las tensiones recientes entre Hungría y la Unión Europea debido al acercamiento de Hungría a Rusia y su postura en la crisis de refugiados, ha sido un factor determinante en la decisión del Gobierno español. Además, András Tombor, director de Magyar Vagon, fue asesor del primer ministro húngaro Viktor Orbán, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad nacional. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, advirtió en marzo que el Gobierno haría «todo lo posible» para evitar esta operación, señalando que Talgo posee tecnología relevante para la movilidad militar en Europa.
El grupo húngaro ha anunciado que emprenderá «todas las acciones legales a su alcance», tanto en España como en la Unión Europea, para defender la legitimidad de su oferta. «Cumple con todos los requisitos legales vigentes», subrayaron fuentes de la compañía. András Tombor ya había anticipado en julio que, en caso de que el Gobierno rechazara la operación, explorarían todas las vías legales posibles. Además, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha advertido que se opondrá a lo que consideran una «injerencia del Gobierno», argumentando que la normativa antiopas «ha perdido su razón de ser» y que recurrirán «cualquier decisión» que les impida ejercer su derecho de venta.