Desde que Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, anunciara su intención de reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales hasta 37,5 horas a la semana en 2025, se han sucedido reuniones entre el Ministerio y los agentes sociales para negociar cómo hacer este ajuste, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo.
Las negociaciones se retomaron el pasado lunes tras el descanso estival, y el Ministerio de Trabajo ha planteado una nueva propuesta especialmente orientada a las empresas de menos de 10 empleados que necesiten ampliar su plantilla si la jornada semanal se reduce.
Reducción “a la francesa”
La última propuesta del equipo de Yolanda Díaz busca emular la fórmula francesa, aplicando bonificaciones en las cotizaciones sociales para las microempresas que tengan que contratar más empleados al reducirse la jornada laboral. Siempre y cuando celebren contratos indefinidos con sus nuevos trabajadores.
La propuesta no se ha detallado por escrito, pero se ha aclarado que este beneficio solo estaría disponible para las empresas que tengan menos de 10 empleados.
Una medida de este tipo ya se aplicó en Francia a principios de los 2000 cuando se rebajó la jornada laboral semanal a 35 horas. El objetivo era atenuar el incremento de los costes que tenían que asumir las empresas como consecuencia de los ajustes en el tiempo de trabajo, y los análisis destacan que tuvo efectos positivos.
Esta propuesta del Ministerio forma parte de un plan de acompañamiento más amplio que incluiría asesoramiento, formación y apoyo para las pymes.
Gobierno y sindicatos están ahora a la espera de que los empresarios valoren esta propuesta. No obstante, los sindicatos han manifestado en más de una ocasión que no creen que el acuerdo de reducción de la jornada llegue a materializarse, y ya han anunciado movilizaciones que comenzarán en la segunda quincena de este mes para presionar a la patronal.
Preocupa el incremento de los costes
El incremento de los costes que supondría reducir el tiempo de trabajo es uno de los temas que más preocupan a la patronal, y la principal razón de su oposición a reajustar la jornada semanal.
Un estudio llevado a cabo por el Consejo General de Gestores Administrativos de España, cifró a principios de verano en más de 15.300 millones de euros el coste de reducir la semana laboral hasta las 37,5 horas. Cifra que los expertos señalan que podría ser más elevada, porque el estudio se hizo asumiendo que todos los empleados cobraran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Por su parte, la patronal de los autónomos también ha trasladado al Ministerio de Trabajo su preocupación por la reducción de la jornada. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha declarado que “los autónomos y las pequeñas empresas siguen siendo el colectivo que, con la reducción de jornada, se va a ver más afectado”. Amor le ha trasladado a la ministra su preocupación por el hecho de que esta cuestión pueda salir adelante sin el acuerdo con los agentes sociales.
El presidente de ATA también ha destacado que existe “mucha distancia” entre los postulados de la ministra con respecto a la reducción de la jornada y la postura que mantienen los empresarios.
El Ministerio se muestra optimista
A pesar de que las negociaciones se han prolongado ya durante más de ocho meses, el Ministerio de Trabajo se mantiene optimista y espera alcanzar un acuerdo con los agentes sociales.
Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo, ha señalado que “esta mesa ha avanzado muchísimo. El Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para adaptar estas medidas a la realidad del tejido productivo español. Sabemos de sobra que la reducción de jornada ya la disfrutan muchos trabajadores y trabajadoras, los empleados públicos, el personal de la banca, mucho personal en el espacio de las telecomunicaciones o las grandes empresas, pero esto no basta”. El secretario defiende la necesidad de democratizar el tiempo, destacando que no puede ser un privilegio únicamente de algunos sectores.
En España, el 90 % de las empresas tienen menos de 10 personas en nómina. De aprobarse la reducción de jornada, la medida beneficiaría a unos 13 millones de trabajadores. Además, desde el Ministerio se confía en que esta medida aumentará el empleo, porque las empresas necesitarán reforzar su plantilla.