La última auditoría llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) recoge la existencia de varios problemas que están provocando que España se retrase en el uso de los fondos Next Generation. La Unión Europea los puso en marcha dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como medida para que los Estados miembros se recuperaran tras la crisis del Covid-19.
El informe destaca la incertidumbre que existe en torno a si España conseguirá ejecutar los grandes proyectos que se financian con los fondos Next Generation, que deberían estar listos para agosto de 2026. De hecho, tanto España como Italia ya obtuvieron en su momento aprobación de la Comisión Europea para posponer el cumplimiento de alguno de los objetivos clave de sus planes de recuperación.
Retraso en la absorción de fondos
La auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo destaca que uno de los problemas más importantes es que se ha producido desde el primer momento un retraso en la absorción de los fondos que debían destinarse a los proyectos clave.
Por ejemplo, uno de los objetivos propuestos en el plan de recuperación presentado por el Gobierno español ante las autoridades europeas era la renovación de 510.000 viviendas residenciales. Objetivo que tuvo que reducirse casi desde el primer momento a 410.000 viviendas por el encarecimiento y la escasez de materias primas que se hizo patente a lo largo de 2022.
El informe también destaca que el Ejecutivo no ha hecho avances significativos en su objetivo de modernizar la Administración Pública. Señala que “el plan nacional de recuperación y resiliencia de España contenía una serie de reformas específicas para modernizar la Administración Pública del país, pero presenta dificultades para planificar adecuadamente los recursos necesarios”.
La auditoría también subraya que existe un problema de falta de comunicación y de coordinación entre la Administración estatal, las autonómicas y las locales, lo que da lugar a un exceso de burocracia y ralentiza la tramitación de los proyectos.
Ivana Maletic, auditora responsable del informe, ha afirmado que es necesario insistir en la finalización de las medidas financiadas y que, en caso de no ser así, sería necesario que se regularan herramientas para recuperar los fondos no gastados. La especialista también ha instado a la Comisión Europea a poner en marcha un plan que ayude a mitigar el riesgo de acumulación de retrasos y a evitar que medidas que van a quedar incompletas reciban un desembolso significativo de recursos.
La falta de transparencia como obstáculo en la gestión de los fondos
El informe destaca que desde el inicio del proceso se ha advertido la existencia de falta de personal especializado en áreas clave para la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que ha limitado la velocidad de trabajo y provocado retrasos en la ejecución de los proyectos.
El hecho de que España haya propuesto numerosas modificaciones a la baja con respecto a los objetivos previstos en su plan de recuperación en un primer momento, también generan dudas sobre la capacidad del país para cumplir con los objetivos revisados dentro de los plazos acordados.
Se destaca que falta transparencia en este sentido, y que el Gobierno no ha aportado información clara sobre el impacto que han tenido esas modificaciones en el avance de los proyectos y en la capacidad de absorción real de los recursos.
España solo ha usado un tercio de los fondos
España ha recibido el 46 % de los fondos Next Generation que se le asignaron en su momento, y es uno de los países más beneficiados por el MRR. Se estima que ha recibido cerca de 48.000 millones de euros, pero solo ha cumplido el 29 % de los hitos a los que se había comprometido. De las 10 medidas que ha analizado el Tribunal de Cuentas en su auditoría, cinco han sufrido modificaciones y aplazamientos.
España también se ha retrasado a la hora de presentar sus solicitudes de pago frente a la Comisión Europea. En la mayoría de los casos, porque ha tardado en poner en marcha las medidas y reformas que se le exigían para poder acceder al siguiente paquete de financiación. Este no es un problema solo de España, ya que los retrasos en el calendario de solicitud de pagos se han convertido en la tónica general en casi todo los países del bloque.
Ante esta situación, el TCE ha recordado públicamente que una mala gestión de los fondos europeos puede tener graves consecuencias, porque España podría perder el acceso a futuras financiaciones de la Unión Europea si no demuestra que es capaz de cumplir en plazo los objetivos a los que se ha comprometido.
Siete países no han recibido subvenciones
Mientras que España ha recibido casi la mitad de los fondos comprometidos por parte de la Unión Europea; Bélgica, Finlandia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Suecia todavía no han recibido ninguna subvención de este tipo.
En la mayoría de los casos se debe a que no han cumplido los hitos necesarios para poder presentar su solicitud. Por ejemplo, Países Bajos no ha podido hacerlo porque ha atravesado una situación de inestabilidad política y no fue hasta el pasado mes de julio cuando se oficializó el nuevo gobierno. En el caso de Hungría, el país no puede solicitar los fondos porque no ha cumplido con los hitos en materia de lucha contra la corrupción y para asegurar la independencia judicial.
Hay riesgo de que no se completen los planes a tiempo
Los retrasos en la solicitud de los fondos, y en la aplicación de los mismos una vez recibidos, se han convertido en motivo de preocupación para el Tribunal de Cuentas Europeo. En las conclusiones de su auditoría destaca que existe un importante riesgo de que las medidas no estén completadas en plazo, antes de agosto de 2026.
A finales de 2023 se habían cumplido el 30 % de los 6.000 hitos y objetivos previstos, pero quedaban pendientes las reformas más importantes y las que requieren una mayor inversión.
Lo que destaca el informe es que se hizo una buena ejecución de la prefinanciación en la primera dotación de fondos que se realizó a los Estados cuando se puso en marcha el MRR. Sin embargo, el ritmo de uso de los fondos se ha ido ralentizando después y muchos países tienen dificultades para hacer llegar el dinero a los receptores finales.
La subida de precios como consecuencia de la inflación, la escasez de suministro y la falta de capacidad administrativa se perfilan como los tres principales obstáculos para que los Estados miembros puedan cumplir en plazo con las reformas a las que se han comprometido.