La Comisión Europea ha puesto en marcha un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la Directiva comunitaria que obliga a pagar la asignación correspondiente a las dos últimas semanas del permiso parental establecido a nivel europeo.
Los Estados miembros tenían hasta el pasado 24 de agosto para transponer este mandato europeo a su normativa interna y, en el caso de España, todavía no se ha hecho.
La Directiva europea de conciliación no se ha transpuesto
La Directiva (UE) 2019/1158, es la Directiva de conciliación, una norma que busca actualizar y mejorar las normas ya existentes en los Estados miembros en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, estableciendo nuevos derechos y obligaciones para los trabajadores y las empresas.
La norma está orientada a garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el mercado laboral, con independencia de sus responsabilidades familiares. Para ello, regula cuestiones como la flexibilidad laboral y los permisos parentales.
Según esta norma, los padres y madres tienen derecho a un permiso parental de ocho semanas que pueden disfrutar antes de que su hijo cumpla los 8 años.
Este permiso no es transferible y debe retribuirse según la forma que determine el Gobierno de cada Estado miembro.
La normativa entró en vigor en julio de 2019, pero los Estados tenían dos plazos diferentes para hacer la transposición. El primero de ellos, referido a la gran mayoría de las disposiciones, finalizó en 2022. El segundo, referido al pago de las dos últimas semanas de ese permiso, debía transponerse antes del pasado 24 de agosto.
La multa podría ser de 7 millones de euros
Ante el incumplimiento, el Ejecutivo europeo ha remitido una notificación al Gobierno de España, emplazándole a que subsane la situación en un plazo de dos meses.
Si en ese plazo no se ha regulado esta cuestión, se pasará a la segunda fase del procedimiento, que consiste en un dictamen motivado. Tras esto, la cuestión puede acabar ante el Tribunal de la Unión Europea, que es el competente para imponer sanciones en este caso.
Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, este incumplimiento puede ser sancionado con una multa cercana a los 7 millones de euros.
El Gobierno de coalición no consigue el acuerdo
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, manifestó el pasado mes de diciembre que el Gobierno iba a sacar adelante la retribución de, al menos, cuatro de las ocho semanas del permiso. De hecho, este tema estaba recogido en el documento que PSOE y Sumar firmaron en su acuerdo de Gobierno para la nueva legislatura.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Trabajo confirman que no ha sido posible avanzar en la negociación de este tema a pesar de haberse intentado tanto por cauces formales como por cauces informales. Algo que consideran que «no es de recibo» y que penaliza de forma grave a las familias. Desde ambos ministerios se afirma que la regulación debe llevarse a efecto de manera inmediata, sin esperar a los Presupuestos Generales.
En la actualidad, el permiso de ocho semanas está vigente, pero los sindicatos denuncian que está operando a modo más de privilegio que de derecho. Porque, al no estar remunerado, solo se pueden acoger a él quienes tienen capacidad económica suficiente para permitirse estar ocho semanas sin trabajar.
Los sindicatos también destacan que este tipo de permisos son totalmente necesarios y muy útiles en épocas como la vuelta al cole, cuando los niños más pequeños pasan por un período de adaptación y no pasan todo el día en clase. Por eso, denuncian que no pueden ser tratados como si fueran un lujo o un privilegio.
Desde el sindicato USO manifiestan que «no puede ser que se prefiera malgastar 7, 8 o 10 millones en lugar de destinarlos a financiar el permiso».
Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a que al menos una parte de este permiso sea retribuida a partir de 2025.