El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales siguen negociando sobre la reducción de la jornada de trabajo semanal, pero el acuerdo continúa sin llegar.
Al anunciar la que se planteó como una de las medidas estrella de esta legislatura, Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Vicepresidenta segunda del Gobierno, declaró que la medida iba a estar en marcha a lo largo de 2024.
Para este año estaba previsto que la jornada semanal pasara de las 40 horas actuales a 38,5 y se redujera definitivamente a 37,5 horas en 2025.
Ante la falta de acuerdo con la patronal, el Ministerio ha planteado diferentes alternativas, pero niega que haya abierto la puerta a la posibilidad de retrasar la medida hasta 2026.
Trabajo y los sindicatos se contradicen
Hace unos días, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, aseguraba tras la última reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre el recorte de jornada que se había planteado la posibilidad de retrasar el calendario de ajustes.
Según la responsable de CCOO, el Gobierno se había mostrado partidario de retrasar la entrada en vigor de la medida hasta 2026, con un período transitorio de recorte hasta las 38,5 horas semanales en 2025.
«De lo que estamos hablando es de que las 38,5 horas se puedan aplicar en 2025 y las 37,5 horas se puedan aplicar a partir del 31 de diciembre de 2025».
Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se ha desmentido esta información. A través de la red social X, el secretario de Estado de Trabajo ha señalado «desmiento rotundamente que vayamos a posponer la entrada en vigor de la reducción de jornada. Como recoge el acuerdo de Gobierno: 38,5 en 2024 y 37,5 en 2025». También la ministra desmintió esta afirmación al ser preguntada por ello en los pasillos del Congreso.
La actitud constructiva de la patronal
Las negociaciones comenzaron hace nueve meses y todavía no se ha alcanzado un acuerdo, pero desde el Ministerio de Trabajo destacan que la patronal está teniendo una actitud más constructiva en las últimas reuniones. Mostrando un mayor compromiso a valorar las propuestas hechas desde el departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz.
A lo que sí se ha avenido el Gobierno para conseguir el «sí» de la patronal es a ser más flexible con la aplicación de la reducción de jornada en determinados sectores y a dar acompañamiento y bonificaciones a las pymes que tengan que hacer nuevos contratos.
Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha señalado que «se ha percibido un cambio de tono por todas las partes y vamos a esperar simplemente a que la patronal nos traslade cuáles son sus impresiones de la nueva propuesta, que es en realidad conocida, pero mucho más concretada».
A pesar de la mejor disposición de los empresarios a valorar las propuestas del Ministerio, la patronal sigue denunciando que rebajar la jornada laboral tendrá un coste de miles de millones de euros, y que sería especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño.
Los sindicatos se movilizan
Ante la falta de avance en el proceso de negociación, los sindicatos han puesto en marcha acciones.
El pasado jueves se manifestaron antes la sede de la CEOE en Madrid para ejercer presión y pedir al Gobierno que adopte la reducción de jornada, aunque sea sin pacto con los empresarios, a través de la vía del Real Decreto.
No obstante, los representantes sindicales declaran que lo ideal sería llegar a un acuerdo tripartito que no solo contemplara la reducción de jornada sino también otros aspectos importantes como la ordenación y el control horario y el derecho a la desconexión digital de los trabajadores.
Desde la oposición, el Partido Popular se abre ahora a la negociación de la reducción de la jornada laboral con los sindicatos, pero partiendo de una propuesta de semana laboral de cuatro días con jornadas de entre 9 y 9,5 horas por día, en aquellos sectores en los que sea viable y no afecte a la productividad. Para los representantes sindicales es positivo que el PP se sume al debate. Aunque no están del todo conformes con la propuesta de reducir la semana laboral a cuatro días, esperarán a que la propuesta sea firme para poder hacer una valoración.