A finales de los años 90 y principios de los 2000 España puso en marcha un programa de subvención para la producción de energía limpia que pretendía reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Estas medidas se fueron retirando paulatinamente, especialmente tras la crisis financiera de 2008, que llevó a la necesidad urgente de reducir el gasto público y sanear las cuentas estatales.
Arrancó entonces un conflicto que ha enfrentado al país con empresas que hicieron grandes inversiones en proyectos de energías renovables y no llegaron a recibir las ayudas que se les habían prometido.
La mayoría de los conflictos sobre este tema se han resuelto a través de arbitrajes internacionales que han dado la razón a las empresas extranjeras, obligando a España a pagar importantes indemnizaciones.
Ahora, un tribunal estadounidense ha autorizado la ejecución de un laudo arbitral a favor de la empresa japonesa JGC Corporation, lo que permite a esta recuperar el dinero que se le debe a través del embargo de activos comerciales españoles radicados en suelo estadounidense.
Un largo recorrido judicial
La decisión de retirar las ayudas a las renovables se tomó hace más de una década, pero los litigios internacionales que se derivaron de ella todavía no han concluido.
Las compañías afectadas tuvieron pérdidas económicas muy significativas al modificarse las condiciones iniciales de sus proyectos, y reaccionaron interponiendo demandas millonarias frente al Estado español.
Aunque España siempre ha argumentado que la retirada de las ayudas estaba justificada por razones de interés general, porque era necesario para sanear las cuentas públicas y fomentar la competencia en el mercado eléctrico, los procedimientos judiciales y arbitrales han dado la razón en la mayoría de los casos a las empresas afectadas.
Los acreedores buscan bienes embargables
Diversos fondos internacionales que han ganado procesos de arbitraje frente a España por los recortes en las ayudas a las renovables, se han puesto en mano de consultoras especializadas para localizar bienes susceptibles de embargo.
Hasta el momento, la consultora JS Held ha localizado bienes embargables de España en el extranjero por valor de 5.000 millones de euros.
El Gobierno se ha negado a negociar una solución con los fondos, por lo que estos están intentando embargar patrimonio español en el extranjero con la intención de saldar la deuda pendiente.
Bélgica embarga 32 millones de euros a España
El pasado verano, los tribunales belgas autorizaron el embargo de los ingresos que obtiene España a través la empresa pública Enaire por la gestión que esta realiza del control del tráfico aéreo belga.
Los pagos que realizaba mensualmente Eurocontrol a Enaire se hacen ahora directamente a una de las compañías que ha obtenido un laudo a su favor por la retirada de las ayudas de las renovables.
El fallo dictado por la justicia belga señala que «el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado (…), no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables».
Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico español se anunció la intención de «oponerse a la decisión judicial belga, por dictarse en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional».
En Reino Unido también se ha autorizado una medida similar, y hace unos meses se llevó a cabo el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, cuatro cuentas bancarias, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas y del derecho de cobro de la indemnización por el desastre ecológico del Prestige, que asciende a más de 900 millones de euros.
En total, España debe 1.560 millones de euros por el impago de 26 laudos en los que ha resultado condenada.
La justicia estadounidense autoriza nuevos embargos
El último capítulo de la batalla legal que sostiene España por la retirada de las ayudas a las energías renovables ha tenido lugar esta semana.
El pasado 26 de septiembre, un tribunal de Estados Unidos autorizó la ejecución de un laudo arbitral dictado a favor de la empresa japonesa JGC Corporation. Esto permite a la corporación nipona solicitar el embargo de activos españoles que estén radicados en suelo estadounidense.
Según el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), los cambios regulatorios en el sector energético español infringieron las garantías básicas de seguridad jurídica establecidas en el Tratado de la Carta de la Energía. Como consecuencia, JGC Corporation tiene derecho a una compensación de 23,51 millones de euros, a los que se suman los intereses de demora y el reembolso de los costes legales en los que ha incurrido para hacer valer su derecho.
Ante la negativa del Gobierno español a efectuar el pago, la compañía nipona ha recurrido a la justicia internacional y ha obtenido un nuevo pronunciamiento a su favor.
El tribunal estadounidense ha desoído los argumentos de España sobre su falta de jurisdicción y la incompatibilidad del laudo con la normativa de la Unión Europea, y ha concluido que la resolución puede ser reconocida y ejecutada en EEUU de igual manera que si se tratara de una sentencia nacional, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los países firmantes del Convenio CIADI.
Por otra parte, la Corte Suprema de Australia también ha fallado en contra de España, y las empresas afectadas podrán solicitar embargo sobre los bienes que el país tiene en suelo oceánico.
La posible incautación del Falcon
Cuatro jurisdicciones han empezado a embargar bienes españoles ubicados en sus territorios, lo que ha desatado la duda de si podría embargarse el Falcon.
Existen precedentes al respecto. Hace unas semanas Estados Unidos incautó en suelo dominicano un avión presidencial de Venezuela ante el incumplimiento de pago de sanciones impuestas por parte de Washington al país latinoamericano.
En 2011 fue Alemania la que embargó un avión perteneciente al Estado de Tailandia para resarcir a un grupo de acreedores a los que se les debían algo más de 40 millones de euros.
No obstante, los expertos destacan que los aviones presidenciales pueden ser considerados como activos esenciales para el desarrollo de la política exterior, lo que hace extremadamente complicado su embargo. Por otro lado, mantener un avión en tierra resulta muy costoso, por lo que este tipo de embargos no son viables para los acreedores. Por eso, se estima que una posible incautación del Falcon es muy poco probable.