Durante la pandemia, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) destinó más de 5.000 millones de euros a rescatar a empresas de diferentes rubros. Ahora, el Tribunal de Cuentas avala la actuación que llevó a cabo este organismo.
El informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas reconoce que las ayudas se concedieron en base a los 13 criterios de elegibilidad que había aprobado la Comisión Europea.
El rescate de la SEPI
A través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), la SEPI desempeñó un importante papel durante la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
La pandemia supuso un shock sin precedentes en la economía a nivel global y nacional, afectando de manera grave a diferentes sectores productivos como consecuencia de las restricciones de movilidad y de actividad adoptadas.
Las empresas de mayor tamaño, como las aerolíneas, fueron las que más sufrieron las consecuencias de la crisis, al tener que paralizar totalmente su actividad. Para evitar que grandes empresas quebraran, la SEPI puso en marcha un plan de rescate
A través del FASEE se pusieron disposición de las empresas préstamos con condiciones ventajosas que incluían tipos de interés más bajos que los que regían en el mercado en ese momento y plazos de amortización más amplios.
A cambio de acceder a estas ayudas, las empresas debían cumplir una serie de requisitos, como acreditar que eran viables antes de la crisis y presentar un plan de negocio para recuperar su actividad cuando pasara la situación de emergencia sanitaria.
La polémica rodeó a las ayudas
Desde el primer momento, la polémica rodeó al reparto de estas ayudas. Porque se cuestionó la transparencia del proceso de selección de las empresas, argumentado que los criterios para determinar quienes iban a ser las beneficiarias de los fondos no eran claros.
También se acusó al Gobierno de favorecer a algunas empresas con las que mantenía vínculos políticos en detrimento de otras. Sin entrar a valorar criterios puramente económicos o estratégicos.
El caso más emblemático fue el de la aerolínea Plus Ultra, cuya viabilidad a largo plazo fue puesta en duda por muchos expertos. A pesar de ello, a día de hoy, la aerolínea continúa operando con normalidad y está reforzando su frecuencia de vuelo a varios países de Latinoamérica.
Los fondos no se agotaron
El FASEE estaba dotado con un presupuesto de 10.000 millones de euros, pero finalmente solo repartió el 53 % de su importe, 5.393 millones de euros.
Se recibieron 74 solicitudes y se concedieron ayudas a 30 empresas del sector turístico, industrial, de la ingeniería, líneas aéreas y del sector servicios. De media, la solicitud de ayudas se ha estimado en unos 72,8 millones de euros.
En su auditoría, el Tribunal de Cuentas no detalla los nombres de las empresas beneficiarias de los fondos, en base a la normativa sobre protección de datos. Pero, en su momento, el Consejo de Ministros autorizó el apoyo público temporal con cargo al FASEE a diferentes entidades como Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Grupo Losán, Grupo Wamos, Grupo Mediterránea, Vivanta, Blue Sea y Celsa España, entre otras.
Las 30 empresas beneficiarias daban empleo en 2019 a casi 62.000 trabajadores y facturaban conjuntamente 20.248 millones de euros. Algo que, a juicio del Tribunal de Cuentas, «indica el valor que aportan dichas empresas al tejido económico español».
La amortización de la deuda
El pasado mes de agosto, las devoluciones al Fondo superaban los 500 millones de euros, a pesar de que un tercio de las empresas rescatadas todavía no han comenzado a hacer amortizaciones y solo están pagando los intereses correspondientes al préstamo recibido.
En los últimos meses, Hotusa ha devuelto 28 millones de euros divididos en dos pagos. En total, la hotelera ha devuelto ya 108 millones de euros.
La otra empresa que también ha realizado pagos es la aerolínea Wamos, que ha abonado 9,6 millones de euros que se suman a los 8 que ya había abonado en diciembre de 2023.
Algunas empresas como Duro Felguera han renegociado las condiciones para poder extender los plazos de vencimiento mientras valoran opciones de expansión del negocio.
El grueso de las devoluciones de los préstamos se producirá entre 2026 y 2029. Aunque por el momento ninguna de las empresas beneficiarias ha incumplido con sus obligaciones de pago, el Tribunal de Cuentas recomienda a la SEPI en su informe que cree un protocolo de actuación para estar preparada ante posibles impagos por parte de las rescatadas.
El coste del proceso
Al margen de los 5.393 millones de euros prestados a las empresas, la gestión del Fondo de apoyo costó 23,3 millones de euros. De los cuales, 14,2 millones son costes generales y de personal de SEPI.
Estos gastos se imputaron directamente al Fondo en virtud de la habilitación legal que había para ello. Aunque el Tribunal de Cuentas estima que para el cálculo de los gastos la entidad no ha utilizado un «procedimiento razonablemente fundamentado en datos y criterios objetivos».
De cara al futuro, el organismo fiscalizador recomienda la elaboración de una normativa que regule de forma clara y precisa las decisiones a adoptar por el FASEE en el seguimiento de las operaciones de financiación. Así como que sea la SEPI la que elabore un procedimiento que le permita llevar a cabo la imputación de costes al Fondo en virtud de criterios puramente técnicos y objetivos.
El Tribunal de Cuentas avala la actuación de la SEPI
Tras la labor de fiscalización, el informe del Tribunal de Cuentas concluye que «SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación».
Señala que la entidad elaboró un procedimiento para tramitar las solicitudes que se ajustaba a la normativa y era garantista a la hora de valorar las solicitudes. Para ello, se apoyó en asesores externos contratados expresamente para esta labor, como estaba previsto en la norma reguladora del Fondo.
El Tribunal de Cuentas también destaca que el tiempo medio de tramitación de las solicitudes fue de 355 días, una demora ocasionada por la complejidad de las condiciones de elegibilidad exigidas y el procedimiento aplicado por SEPI para su comprobación.