España continúa sin ajustar su legislación interna a lo que establece la normativa europea con respecto a la contratación temporal en el ámbito de la Administración Pública.
Como consecuencia, Bruselas ha abierto un nuevo expediente sancionador por el abuso de los interinos en el sector público. España tiene ahora un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias. En caso de no hacerlo, la justicia europea puede imponer una sanción económica por incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
La postura de la Unión Europea
La contratación de interinos en el ámbito de la Administración Pública ha sido una práctica muy común en España durante décadas, y continúa siéndolo. Se trata de trabajadores que ocupan un puesto en la Administración de manera temporal.
El problema es que muchos interinos han ocupado su puesto durante muchos años, incluso décadas, sin que se les haya brindado la oportunidad de acceder a un contrato fijo.
Ante las numerosas denuncias impuestas por los afectados, la UE sostiene que España está haciendo una utilización abusiva de la contratación temporal, lo que vulnera los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica que recoge el ordenamiento jurídico europeo.
El Gobierno español, por su parte, ha reconocido la existencia del problema y ha puesto en marcha diferentes medidas para reducir la tasa de temporalidad en la Administración Pública. Pero el proceso de estabilización está siendo lento y complejo, y Bruselas no quiere esperar más.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha dictado varias sentencias condenando a España por el uso abusivo de la contratación temporal en el ámbito público.
El nuevo expediente de Bruselas
Ante la falta de adaptación de la legislación nacional a lo que establecen las normas europeas en materia de contratación temporal en el sector público, Bruselas ha abierto un nuevo expediente sancionador a España.
El Ejecutivo comunitario reconoce que se han hecho cambios legislativos a raíz del primer expediente de este tipo incoado en 2015, pero destaca que siguen siendo insuficientes.
Desde el seno de la UE se critica la falta de protección que se está dando a algunos contratos temporales dentro del sector público. De forma que un interino recibe la misma indemnización al cesar en su empleo, sin importar si ha trabajado durante 10 o 20 años.
Desde Bruselas se ha remitido a las autoridades españolas una carta de emplazamiento complementaria que recuerda la existencia del incumplimiento y le concede al Gobierno un plazo de dos meses para tomar medidas correctivas.
Si en ese plazo no se actúa, se enviará un dictamen motivado y se abrirá un plazo para el diálogo entre las partes. En caso de que esto tampoco dé resultado, se puede elevar la cuestión al TJUE para que imponga una sanción si procede.
Además, la Comisión Europea abrió el pasado verano un procedimiento de infracción frente a España también por el tema de los interinos, pero en este caso relacionado con la discriminación que sufren estos en cuestiones como el derecho a vacaciones o a permisos, en comparación con el personal fijo de la Administración.
Una larga batalla judicial
Los interinos sostienen una larga batalla frente al Gobierno por la vulneración de sus derechos, y son ya varios los casos que han llegado a conocimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hace unos meses, este organismo avaló que los interinos de larga duración se conviertan en fijos, pero sin adquirir la condición de funcionarios.
Las demandas de los interinos se centran en conseguir estabilidad laboral y que se les reconozcan los mismos derechos que tiene cualquier trabajador del sector público.