El próximo 15 de octubre vence el plazo que tienen los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para remitir a la Comisión Europea el borrador de sus presupuestos para 2025.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha confirmado que el Ejecutivo español retrasará el envío de este borrador a Bruselas. Lo que confirma la intención del Gobierno de no enviar una prórroga de las cuentas, que suele ser lo habitual cuando algún Estado llega a estas fechas sin tener ya un plan presupuestario para el siguiente año.
El Gobierno remitirá el plan fiscal
El plan fiscal es un documento que los Estados miembros envían a la Comisión detallando las políticas fiscales y presupuestarias que tienen previsto implementar en el siguiente ejercicio.
Sirve como un mecanismo de coordinación y supervisión a nivel europeo. Asegurando que las políticas fiscales de los Estados son compatibles con las reglas fiscales de la UE.
Este plan contiene los objetivos fiscales en materia de déficit y deuda pública a medio plazo; pero también medidas concretas para intentar alcanzar los objetivos fiscales establecidos, como recortes de gasto o aumento de impuestos.
El documento incluye. además, un análisis detallado de cómo se espera que las medidas fiscales propuestas afecten al crecimiento económico, al empleo y a las finanzas públicas. Así como una identificación de los principales riesgos fiscales que enfrenta el país.
El Gobierno ha confirmado que remitirá la próxima semana a la Comisión Europea su plan fiscal para 2025. Los Estados tenían que haber presentado este documento antes del 20 de septiembre, pero en esta ocasión se ha producido un retraso generalizado y solo Dinamarca y Chipre lo han hecho a tiempo.
La flexibilidad de la Comisión Europea
El ministro Cuerpo ha señalado que «en un entorno normal habríamos presentado un plan presupuestario sin medidas de políticas económicas, y eso no va a pasar porque la Comisión Europea ha pedido que se presenten planes con medidas, así que hasta que no tengamos el borrador de presupuestos sobre la mesa no presentaremos el plan presupuestario».
La Comisión tiene siempre un cierto grado de flexibilidad con respecto a las fechas en las que los Estados miembros deben cumplir compromisos como este de presentar un borrador de sus presupuestos. En esta ocasión, tiene hasta finales de noviembre para hacer la evaluación de los planes presupuestarios, por lo que los países pueden apurar las próximas semanas antes de mandar la documentación.
Sobre este tema, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha manifestado que «la Comisión Europea siempre ha sido flexible con los plazos, pero hay un límite para la flexibilidad».
El italiano ha recordado a los ministros de Economía que la fecha tope para el envío de las cuentas es el 15 de octubre, y que en ese momento deberían presentarse tanto los planes presupuestarios como el plan fiscal, porque están estrechamente relacionados.
La idea del Gobierno es que, una vez aprobado el borrador de presupuestos para 2025 por el Consejo de Ministros, y enviado este al Congreso, se remita directamente una copia a Bruselas, sin esperar a la votación en el Parlamento.
Sin presupuestos para 2025
En verano el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para 2025, pero no obtuvo el visto bueno del Parlamento. A finales de septiembre debía votarse otra vez esta cuestión, pero el Ejecutivo retiró la votación sobre la senda de déficit, ante la certeza de que no iba a obtener los apoyos parlamentarios suficientes.
Esta situación también se produjo el año pasado, y al final se prorrogaron los presupuestos de 2023.
Tanto a nivel nacional como europeo preocupa que no se hayan hecho avances en esta materia. Porque la falta de unos presupuestos actualizados puede suponer la paralización de proyectos o programas por parte de las Administraciones Públicas. Además, el retraso en la aplicación de los presupuestos puede dificultar el cumplimiento de los objetivos fiscales en materia de déficit y deuda pública marcados desde Bruselas.
El tiempo corre en contra del Gobierno, y los expertos creen que apenas queda margen para llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto y los presupuestos generales para 2025. Por lo que un escenario en el que se prorroguen de nuevo los presupuestos de 2023 se percibe cada vez como algo más real. No obstante, esto no exime al Ejecutivo de tener que presentar sus previsiones presupuestarias a la Comisión Europea.