En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, anunció que se iba a aprobar la reducción de jornada laboral como anteproyecto de ley en trámite de urgencia.
Se pretende así dar cumplimiento al pacto firmado entre PSOE y Sumar para gobernar en coalición, en el que se reflejaba que la reducción se iba a hacer de manera gradual. Pasando de las 40 horas semanales actuales a 38,5 horas en este 2024 y 37,5 horas a la semana en 2025.
La negociación continúa estancada
La reducción de la jornada laboral semanal fue una de las medidas estrella anunciadas por Sumar tras llegar a un acuerdo con el PSOE para formar un gobierno de coalición.
Medida que requiere de una negociación y acuerdo con los agentes sociales. Pero el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal no han hecho avances significativos en los más de nueve meses que llevan tratando esta cuestión.
La principal reticencia de los empresarios es que estiman que el paso de la jornada máxima semanal actual a la que se quiere imponer desde Trabajo disparará los costes laborales. Una situación que afectaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que tendrán que aumentar su plantilla para poder cubrir las horas que sus empleados actuales ya no van a trabajar.
Frente a este argumento, desde Trabajo se ha ofrecido la posibilidad de establecer ayudas destinadas a las empresas más pequeñas. Para que reducir la jornada de su plantilla no se convierta para ellas en un problema económico.
La ministra confía en el acuerdo
Los sindicatos han instado a la ministra a usar la vía parlamentaria para reducir la jornada laboral semanal si no hay un acuerdo con la patronal.
Sin embargo, Yolanda Díaz se muestra optimista y confía en que pueda haber un acuerdo tripartito.
«Yo no me voy a levantar de esta mesa. Tengo una paciencia infinita», ha declarado la ministra de Trabajo.
Se ha mostrado convencida de que hay posibilidad de alcanzar un acuerdo, porque se trata de una medida especialmente sensible para el conjunto de la ciudadanía.
Por otro lado, fuentes del Ministerio de Trabajo destacan que en la última reunión de la mesa de negociación sí se produjeron avances, ya que fue la primera vez que la patronal se adentró en el núcleo duro de la negociación.
Además de la reducción de jornada, en la misma mesa negociadora también se están tratando otros asuntos de especial importancia para los trabajadores: los cambios en el sistema de registro horario, la desconexión digital y las jornadas irregulares.
El Ministerio no quiere posponer la aprobación de la medida
Hace unas semanas algunas fuentes sindicales afirmaron que desde Trabajo se había mostrado cierta disposición a retrasar la entrada en vigor de la reducción de jornada hasta 2026. Pero ese mismo día, desde el Ministerio se procedió a desmentir esa información.
Se reiteró en aquel momento la intención de llegar a un acuerdo antes de que finalice 2024. Para que la reducción de la jornada semanal sea una realidad en los próximos meses, y poder avanzar para conseguir el objetivo de establecer un máximo de 37,5 horas de trabajo semanales en 2025.
Siguiendo la línea temporal de actuación que se había marcado el Ministerio de Trabajo desde un primer momento, la ministra confirmaba ayer que, una vez alcanzado el acuerdo con sindicatos y patronal, el objetivo es agilizar el trámite parlamentario todo lo posible.
Para ello, se va a tramitar la reforma como anteproyecto de ley por el trámite de urgencia.
La vicepresidenta segunda confía en que en la reunión que se celebrará el próximo viernes pueda haber avances.
El proyecto piloto para probar la semana laboral de cuatro días está estancado
Mientras el Ministerio de Trabajo intenta lograr un acuerdo para reducir el tiempo máximo de trabajo a la semana, el proyecto piloto anunciado en 2021 para implantar la semana laboral de cuatro días está totalmente estancado.
No se han hecho avances en los últimos tres años. De los 50 millones de euros comprometidos por el Gobierno para este proyecto, finalmente la dotación fue de 10 millones en 2022, y la puesta en marcha se retrasó hasta 2023.
A día de hoy, todavía no se ha resuelto la convocatoria de adjudicación de ayudas, a la que se presentaron en su momento 41 pymes del sector industrial.