Los recortes a las renovables están teniendo un alto coste económico para España. Sin embargo, no todas las empresas que han emprendido acciones han obtenido resoluciones a su favor.
El pasado 11 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de España.
Un conflicto que no termina
Entre finales de los años 90 y principios de los 2000 el Gobierno español puso en marcha diferentes incentivos y ayudas para atraer la inversión hacia el sector de las energías renovables.
En 2008, con la crisis financiera, estas medidas fueron recortadas. De manera que, empresas que habían hecho inversiones millonarias, nunca llegaron a recibir las ayudas prometidas.
Además, al incrementar la cantidad de sistemas capaces de producir energía renovable, se produjo un exceso de oferta que presionó a la baja de los precios de la electricidad. Reduciendo con ello la rentabilidad de las empresas que habían hecho inversiones.
Estos recortes dieron y siguen dando lugar a múltiples conflictos legales entre el Gobierno y las empresas que en su momento realizaron inversiones en el sector de las renovables.
España ha perdido múltiples procesos internacionales
Estos conflictos se están intentado resolver a través de laudos arbitrales para no sobrecargar de trabajo a los tribunales.
La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el Derecho Comunitario Europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas a través de los arbitrajes internacionales. Y el Estado se ampara en este argumento para no pagar las cantidades acordadas a modo de indemnización a las empresas afectadas.
Sin embargo, los recurrentes han conseguido que los tribunales de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, entre otros, les den la razón. Existen múltiples sentencias que han ordenado la ejecución de laudos arbitrales a fin de que los afectados puedan cobrar lo que se les debe.
De hecho, se ha realizado una labor de localización y embargo de bienes del Estado español situados en el extranjero, como medida para garantizar el pago de la deuda.
Una de la últimas sentencias, dictadas por un tribunal de Columbia (EEUU), critica a la Abogacía del Estado española por «retorcer» las definiciones que da el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Señalando que el Tratado sí permite el arbitraje internacional.
Según se desprende de los datos hechos públicos por el portal Spanish Renewable Debt, la deuda acumulada por los recortes a las renovables asciende a un total de 1.870 millones de euros. De ellos, 1.562 millones proceden de las cantidades que hay que abonar a modo de indemnización y 309 millones de euros son intereses de demora y condenas en costas.
A esto se suman 71 millones de euros en concepto de honorarios de abogados y consultores contratados por España.
Buenas noticias para España
En medio de esta situación, España acaba de recibir una buena noticia. El país ha ganado dos arbitrajes a inversores internacionales que reclamaban un total de 72 millones de euros por los recortes a las renovables.
Los dos laudos arbitrales dictados el pasado 11 de octubre establecen que los tribunales arbitrales no tienen jurisdicción para conocer de estas disputas entre inversores de la Unión Europea y España.
Ya que en este caso los inversores son Sapec S.A., domiciliada en Bélgica, y European Solar Farms A/S (ESF), constituida con arreglo a las leyes de Dinamarca; no se ha seguido adelante con el arbitraje.
Es la primera vez que el CIADI, entidad perteneciente al Banco Mundial, aprecia la falta de jurisdicción en estos casos intra-europeos y se abstiene de conocer del conflicto.
Para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, estos laudos «cierran el debate sobre supuestas distinciones de tratamiento entre los tribunales constituidos bajo las reglas CIADI y las reglas de dicha Cámara».
Otros laudos anulados
Hasta el momento, España también ha conseguido anular ante los tribunales suecos tres laudos en los que los tribunales arbitrales apreciaron de manera errónea su jurisdicción para conocer de disputas de inversión intra-europeas.
Pero son pocas las ocasiones en las que la estrategia de España de no reconocer la competencia del CIADI para dictar este tipo de laudos ha salido bien. En la actualidad, hay más de 20 laudos de condena pendientes de abono.
Los afectados reclaman al Gobierno «una salida negociada que acabe con los incumplimientos, permita reactivar la inversión verde en España y ponga fin al bochorno internacional provocado por los embargos».