En el último día del plazo, España ha remitido a Bruselas su plan fiscal y estructural para los próximos años. Un documento que servirá como guía en el cumplimiento de los objetivos impuestos por la Unión Europea (UE) en materia fiscal.
El objetivo es que el déficit público pueda estar por debajo del 100 % en 2026 y alcanzar el nivel prepandemia en 2027 (en torno al 98 % del PIB).
Horizonte hasta 2031
Las reformas planteadas se van a abordar en un período de siete años, desde 2025 hasta 2031.
En materia de transición ecológica se van a seguir haciendo avances para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Para ello, el plan prevé la puesta en marcha de medidas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la aprobación de la Estrategia para Planificación de la Red de Transporte 2025-2030.
La segunda materia en la que se quieren hacer avances es en transformación digital. Fomentando la digitalización de la economía española a través de la penetración de las nuevas tecnologías.
El Plan Nacional de Competencias Digitales, junto con la reforma del Sistema de Ciencia e I+D y la Estrategia de Inteligencia Artificial son los pilares sobre los que van a girar las medidas relacionadas con esta materia.
El tercer punto clave de actuación es el capital humano. A fin de mejorar la cantidad y la calidad de la oferta laboral en España, se van a aplicar medidas como la reforma de los subsidios; el impulso de la Formación Profesional y la simplificación del sistema de homologación de títulos.
El cuarto bloque de compromisos internacionales se refiere al capital físico y la productividad. Las medidas se orientan en este caso a mejorar el clima de negocios, eliminar barreras burocráticas para las empresas y expandir el parque de vivienda y el stock de capital instalado en España.
El último bloque de medidas que contiene el plan se refiere a la reforma fiscal. En este se contemplan actuaciones como la reforma del sistema de pensiones, la mejora de la eficiencia del gasto público y la lucha contra el fraude fiscal.
Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, ha confirmado que para cumplir los objetivos en materia fiscal es necesario mantener los impuestos a la banca y a las energéticas de manera permanente.
También ha señalado que «todo se concentra en una sola variable que nos va a determinar si cumplimos o no con las reglas, que es la evolución del gasto computable. Este plan fiscal irá acompañado de un documento anual que es el plan presupuestario, donde se detallarán todas las medidas necesarias para ir cumpliendo los objetivos del año siguiente».
El Ministro ha manifestado que este plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas de una manera compatible con mantener el Estado del Bienestar. Modernizando la economía y garantizando un crecimiento sostenido y equilibrado.
Rebaja del déficit y la deuda
Uno de los objetivos principales del plan fiscal estructural es reducir el déficit y la deuda pública, para conseguir estar dentro de los límites marcados por Bruselas.
Desde la pandemia, la UE había rebajado su nivel de exigencia en estas cuestiones, a fin de dar una mayor facilitad a los Estados miembros para recuperarse de la crisis. Pero los límites van a volver a aplicarse a partir de 2025.
Para 2024, el Gobierno prevé que el déficit público se reduzca al 3 % del PIB, coincidiendo con la cifra máxima que permite la UE. En 2025 estaría en un 2,5 % y en un 2,1 % en 2026. En 2031, el déficit público se situaría en un 0,8 % del PIB.
En materia de deuda pública, el Gobierno prevé que para este año sea de un 102,5 %. Rebajándose al 98,4 % en 2027 y llegando al 90,6 % en 2031. En las previsiones a largo plazo, la deuda pública se situaría en un 76,8 % para 2041. Todavía lejos del 60 % marcado como límite máximo desde la UE.
España no envía el plan presupuestario anual
El Gobierno ha enviado a tiempo a la Comisión Europea el plan fiscal, pero no ha logrado remitir el plan presupuestario anual.
Porque el Ejecutivo no ha podido hacer avances en la elaboración de los presupuestos para 2025. De hecho, suspendió hace unas semanas la segunda votación de la senda de estabilidad, al no contar con apoyos suficientes para su aprobación en el Congreso.
El plan presupuestario anual, que desgrana las medidas a adoptar para alcanzar los objetivos pautados, se remitirá a Bruselas cuando los presupuestos se hayan presentado en el Congreso de los Diputados, lo que se estima que podría suceder el próximo mes de diciembre.