Desde que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda, es el propietario del inmueble en alquiler el que tiene que pagar las comisiones generadas por el servicio que presta la agencia inmobiliaria.
Sin embargo, en la práctica, en muchos casos continúan siendo los inquilinos los que hacen frente a este coste. Una práctica sobre la que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto la lupa.
Prácticas abusivas de las inmobiliarias
Las inmobiliarias tienen un papel fundamental en el alquiler de viviendas. De hecho, para quienes buscan una vivienda para alquilar, resulta muy complicado acceder a ella si no utilizan una agencia como intermediaria.
De las cerca de 30.000 agencias inmobiliarias que hay en España, hay un porcentaje sin definir que lleva a cabo prácticas abusivas, siendo una de las más comunes el cobro de los gastos de gestión al inquilino.
Otro de los abusos más denunciados por quienes viven de alquiler es que se les obliga a firmar contratos temporales sin dar una justificación adecuada para esa temporalidad.
En algunos casos, incluso se ha llegado a cobrar al posible arrendatario solo por visitar un inmueble que era de su interés.
Por eso, el Ministerio de Consumo ha decidido abrir de manera oficial una investigación a varias entidades, al constatar que se están extralimitando y abusando del inquilino.
El Gobierno toma medidas
Pablo Bustinduy, Ministro de Consumo, ha advertido que desde el Gobierno van a ser «implacables» a la hora de imponer sanciones a las empresas de gestión del alquiler de vivienda que estén cometiendo abusos como el cobro indebido de comisiones a los inquilinos.
Las sanciones que se pueden imponer a las empresas investigadas si se descubre que han operado de manera contraria a la legislación, dependen de si la infracción cometida se considera como grave o muy grave.
La cuantía de la multa puede ser de seis a ocho veces el beneficio lícito obtenido, con un máximo de 100.000 euros en el supuesto de infracciones graves y de hasta un millón de euros si la infracción es muy grave.
Desde el Ministerio han recordado que «la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos. Además, estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de diversas infracciones recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias».
El ministro ha señalado que «no puede ser que en el mercado de alquiler se normalicen prácticas abusivas y que se violenten los derechos de las personas consumidoras».
Las inmobiliarias se defienden
Ante la postura del Ministerio de Consumo las agencias inmobiliarias se han sentido atacadas y desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) piden prudencia y que no se generalice, porque son una minoría las entidades que cometen fraude.
Desde la FAI aseguran que «ante las malas prácticas premeditadas de unos pocos, tolerancia cero por parte del sector, como venimos diciendo desde siempre. Lo que conocemos son casos a través de los medios de comunicación, pero desde FAI no tenemos datos concretos al respeto. Además, nuestra postura es clara: los atajos no sirven. La ley hay que cumplirla pese a que consideremos que es una ley que no está solucionando el grave problema del alquiler, más bien está siendo contraproducente, ya que perjudica a quién pretende ayudar: al inquilino»
La patronal defiende que la subida generalizada de los precios del alquiler que se viene produciendo en los últimos años no tiene que ver con los honorarios que reciben las inmobiliarias. Señalan como principales problemas a la retirada de viviendas del mercado de alquiler, la propia opacidad del mercado, la mayor dificultad para acceder a una vivienda en alquiler y la desprotección de los inquilinos.
Desde la FAI reivindican el papel que cumplen las agencias inmobiliarias, porque el proceso de alquiler es complejo y la labor de los agentes es precisamente facilitar los acuerdos y evitar problemas tanto al arrendador como al arrendatario.
Es el agente inmobiliario el que da garantía a ambas partes a través de una labor intensa de contención de rentas, promoviendo contratos legales y priorizando la mayor duración posible de los alquileres.