El sector financiero y el energético, a través de sus principales asociaciones representativas, han dado un paso adelante para dejar constancia de su oposición a la intención que tiene el Gobierno el convertir el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas en algo permanente.
Las patronales afirman que la adopción de esta medida podría suponer la pérdidas de competitividad a nivel internacional, puesto que ningún otro país europeo aplica este tipo de impuestos de manera permanente.
Los impuestos especiales
Para hacer frente a la crisis económica que comenzó con la pandemia y se agravó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la consiguiente crisis energética, el Gobierno puso en marcha en 2022 los impuestos especiales a la banca y las energéticas.
Ambos estaban configurados como medidas temporales destinadas a obtener fondos adicionales para financiar las medidas de apoyo a los ciudadanos y las empresas más afectadas por la crisis.
Se consideró que ambos sectores habían obtenido beneficios extraordinarios durante la crisis y era justo que contribuyeran más en una época en la que la redistribución de la riqueza era más importante que nunca.
Los impuestos entraron en vigor a principios de 2023 y, ante la persistencia de la crisis, se decidió prorrogarlos durante 2024.
El acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar para esta legislatura recogía el compromiso de convertir estos gravámenes temporales en algo permanente, y así lo recoge el Plan Fiscal remitido recientemente a la Comisión Europea.
La banca y las energéticas se oponen
Las patronales financieras AEB y CECA, junto a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) se han manifestado en contra de esta medida.
La nota de prensa remitida por AEB y CECA señala que «si se mantiene esta iniciativa, España se convertirá en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga».
Representantes de la banca manifiestan que el establecimiento de un impuesto permanente a su sector es un obstáculo en el camino hacia la Unión Bancaria, y que va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estas entidades desaconsejan estas medidas porque «desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas».
Desde la AOP consideran que establecer este tributo de manera indefinida «comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor».
La patronal de las energéticas reclama un marco fiscal que sea adecuado y estable, que permita impulsar las inversiones importantes que necesita llevar a cabo el sector para abordar los procesos de descarbonización y transición energética.
La AOP recuerda que «este impuesto convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo, lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada. Además, el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en Estados Unidos o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar».
Las patronales de las energéticas y de la banca coinciden al afirmar que convertir el impuesto especial en un tributo periódico implica frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía.
El Gobierno tiene problemas para aprobar la medida
El Gobierno está negociando con sus socios la conversión del impuesto especial en uno de carácter permanente, porque su compromiso con Sumar implicaba hacer este cambio de cara a 2025. Sin embargo, sigue sin contar con apoyos suficientes para sacar adelante la ley.
La presión que están ejerciendo empresas como Repsol, que han amenazada con retirar sus inversiones, ha llevado a socios del Gobierno como Junts a no dar su apoyo a medidas que puedan implicar un riesgo para las inversiones en Cataluña.
Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha dejado en el aire el apoyo de Sumar a los Presupuestos si no se hacen avances en la negociación de este tema.