jueves, noviembre 21, 2024
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Los concursos de acreedores crecieron casi un 27 % en el segundo trimestre

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Entre los meses de abril y junio se presentaron ante los juzgados de lo Mercantil un total de 15.227 solicitudes de concurso de acreedores. Un incremento del 26,8 % con respecto al segundo trimestre de 2023.

Los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial revelan que la tendencia al alza iniciada en 2020 se sigue manteniendo. Especialmente en el caso de personas físicas no empresarios.

Los concursos según sus protagonistas

En el segundo trimestre de este año se han presentado 12.875 solicitudes de concurso de acreedores por parte de personas naturales no empresarios, un 38,2 % del total.

De ellos, 2.860 procesos se iniciaron ante los juzgados de lo Mercantil de Barcelona; 2.227 en los de Andalucía; 1.820 en los de la Comunidad de Madrid y 1.735 en la Comunidad Valenciana.

El notable incremento de estos concursos con respecto a los de otros años se debe al cambio legislativo operado en la Ley de la Segunda Oportunidad.

Mientras que antes estos procedimiento eran competencia de los juzgados de primera instancia del orden Civil, ahora el conocimiento recae sobre los juzgados de lo Mercantil.

En el mismo período de abril a junio se presentaron 903 solicitudes de concurso de acreedores por parte de personas naturales empresarios, un 22,5% menos que durante el segundo trimestre de 2023.

De nuevo, Cataluña se sitúa como la región con más concursos de esta naturaleza, puesto que allí se presentaron un 59,7 % (539) de las peticiones totales. Seguida por Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

A lo largo del segundo trimestre de 2024 se presentaron 1.449 concursos por parte de personas jurídicas, un 5,2 % menos que en el mismo trimestre de 2023.

La comunidad autónoma en la que más concursos de este tipo se presentaron fue Cataluña, con un 23,9 % del total (346). Después se sitúan Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

Las pymes, las principales afectadas

Según el último barómetro de la patronal Cepyme, en el segundo trimestre de 2024 había 5.100 pequeñas empresas menos que en el mismo período de 2019 y 2.700 empresas más de tamaño mediano. El saldo neto negativo es de 2.400 pymes menos que hace cinco años.

Cepyme también destaca que se ha producido un «continuo incremento de concursos», porque la morosidasd está estancada.

El plazo medio de cobro para las pymes está en 79,5 días. En cambio, el coste financiero no ha dejado de crecer y alcanzó los 2.740 millones de euros en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 18 % más que en el mismo período de 2023 y un 117 % más que entre los meses de abril y junio de 2022.

Esto ha intensificado los problemas de insolvencia entre las pymes, que en el primer semestre del año han registrado más de 5.000 concursos de acreedores.

Esta cifra supone un máximo en los últimos 11 años, y coincide con un momento de crecimiento económico que las pequeñas y medianas empresas no están pudiendo aprovechar porque están excesivamente endeudadas.

Las microempresas con uno o dos trabajadores son las más afectadas, ya que el 60 % de los concursos de acreedores se concentran en ellas.

Justicia quiere reducir los plazos

El concurso de acreedores no debe acabar necesariamente con la liquidación de la empresa, pero en muchos casos ocurre así porque se actúa tarde y ya no es posible reestructurar la deuda.

La Ley Concursal fue revisada por última vez hace dos años, con el objetivo de agilizar los trámites y permitir que los concursos sean más sencillos y más rápidos. Algo que permitiría a muchas de las empresas sometidas a este proceso seguir adelante tras la liquidación de activos y la reestructuración de la deuda. Sin embargo, los agentes del sector creen que todavía hay margen de mejora para la norma, especialmente en materia de plazos.

En el III Foro Empresarial: la nueva Ley Concursal, lecciones y aprendizajes de las grandes reestructuraciones, se ha destacado que el mayor enemigo para la reestructuración de la deuda es la dilación y el retraso en el tiempo.

La Administración es consciente de ello, y Flora Pérez Almogueda, subdirectora general de Política Legislativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha asegurado que se está trabajando para «conseguir una mayor eficiencia en los concursos de acreedores reduciendo los plazos y haciendo una tramitación muchísimo más ágil».

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