El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de poner fin a la Mutualidad General para Funcionarios Civiles (MUFACE), garantizando la atención médica de los funcionarios a través del sistema público sanitario.
Por el momento, las aseguradoras privadas tienen que cubrir los gastos sanitarios de los funcionarios hasta febrero de 2025, aunque no hay una fecha concreta para el cambio de la sanidad privada a la pública.
Ante esta propuesta del Gobierno, la Federación de Asociaciones Profesionales y Sindicatos de Funcionarios Públicos (Fedeca) ha manifestado que este cambio no es factible ni razonable.
La postura del Ministerio de Sanidad
El actual sistema se basa en el establecimiento de conciertos con aseguradoras privadas que se encargan de dar asistencia sanitaria a los funcionarios.
El rechazo de Adeslas, Asisa y DKV al concierto ofrecido por el Gobierno, que incluía una subida de la prima del 17,12 %, pone de manifiesto que gestionar este sistema es cada vez más costoso y más difícil, lo que ha llevado al Ministerio de Sanidad a plantear la posibilidad de poner fin con MUFACE.
El objetivo es reducir costes, simplificar el sistema y acabar con la desigualdad en la atención sanitaria.
El último informe emitido al respecto por el Ministerio de Sanidad califica a la mutualidad como un organismo «insostenible», y señala que «el modelo MUFACE en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso».
El informe también destaca que la población mutualista está más envejecida que la población general, lo que en el futuro implicaría un nuevo aumento de costes para ofrecer asistencia sanitaria privada.
Por todo ello, el Ministerio propone la supresión del MUFACE, aunque la decisión final no le corresponde a él, sino al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.
Fedeca no lo ve razonable
Desde Fedeca han rechazado de plano la pretensión del Ministerio de Sanidad y acusan al Gobierno de «querer quitarse un problema de encima y entregárselo multiplicado a las comunidades autónomas», porque son estas las que tendrán que atender a través de sus sistemas de salud pública a todos esos funcionarios que ya no acudirán a la sanidad privada.
La Federación destaca que la desaparición de Muface no solo afectará a los empleados públicos, también impactará en el conjunto de la ciudadanía, porque aumentará la presión sobre el sistema público de salud.
Fedeca propone al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, así como al de Sanidad, utilizar los nueve meses que quedan hasta la finalización del concierto actual con las aseguradoras para redefinir una oferta económica que sea razonable y que haga que aquellas que han renunciado a la renovación se planteen continuar en el sistema.
Posibles huelgas
Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también se ha mostrado el rechazo a la desaparición de MUFACE y ya se ha anunciado la posible convocatoria de manifestaciones y huelgas.
El sindicato ha declarado que no va a aceptar «la decisión unilateral del Gobierno sobre la posibilidad de terminar con MUFACE».
Para los sindicatos, este cambio puede tener un impacto significativo en las condiciones laborales de los funcionarios. Además, existe incertidumbre sobre si el Servicio Nacional de Salud será capaz de ofrecer una atención de calidad a un mayor número de personas.
Consulta preliminar
Ante el revuelo ocasionado estos días tras confirmarse la posible desaparición de MUFACE, el Gobierno ha puesto en marcha hoy miércoles una consulta preliminar para que las aseguradoras privadas indiquen el precio al que estarían dispuestas a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios.
El objetivo es recopilar información para elaborar una nueva licitación que supla a la anterior, que quedó desierta por el rechazo de Adeslas, Asisa y DKV a la propuesta del Ejecutivo.
Mañana jueves se abre un plazo de 10 días hábiles para que las interesadas informen y detallen el coste del servicio a los empleados públicos, justificando el porqué de esos precios.
El concierto actual vence el 31 de enero de 2025, pero la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el actual concierto hasta octubre de 2025.