Aunque el Gobierno cifra en 45.357 los expedientes de autónomos denegados tras las revisiones, la institución fiscalizadora detecta irregularidades más graves, como no estar dados de alta en la Seguridad Social o no haber cesado la actividad económica.
Con motivo de la crisis sanitaria, el Gobierno implementó un paquete de ayudas extraordinarias para trabajadores autónomos, distribuyendo 5.237 millones de euros en prestaciones y exoneraciones de cuotas sociales. Según las condiciones establecidas, los beneficiarios debían estar registrados en la Seguridad Social y al día en los pagos, además de demostrar que su actividad fue suspendida debido a la emergencia.
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Discrepancias en las cifras oficiales
El Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria a preguntas del PP, reconoce que un 3,05% de las prestaciones provisionales (45.357 casos) fueron denegadas tras una revisión por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Sin embargo, este porcentaje contrasta con los datos del Tribunal de Cuentas, que en su informe de abril identificó irregularidades en 281.000 beneficiarios, es decir, una proporción mucho mayor de posibles ayudas indebidas.
El Tribunal de Cuentas detalla que al menos 125.000 autónomos no estaban dados de alta en la Seguridad Social o incumplían con las cuotas en el momento de solicitar la ayuda. Otros 156.000 autónomos habrían percibido la prestación sin que su actividad económica estuviera oficialmente suspendida, lo que incumple los requisitos.
El impacto de las ayudas y las consecuencias de las irregularidades
La implementación de estas ayudas, diseñadas para paliar el impacto económico de la pandemia, benefició a casi 1,5 millones de trabajadores autónomos. A pesar de su importancia, las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas ponen en entredicho la gestión y control del programa.
En el marco de estas investigaciones, el Ejecutivo insiste en que el sistema permitió a numerosos autónomos mantener su actividad durante la crisis, aunque defiende que las revisiones han sido rigurosas para detectar casos indebidos. Por su parte, las cifras ofrecidas por el Tribunal de Cuentas subrayan la necesidad de mejorar los mecanismos de control en futuras crisis.
Este caso reabre el debate sobre el equilibrio entre la rapidez en la distribución de ayudas en emergencias y la garantía de cumplimiento de requisitos legales, esencial para evitar fraudes y asegurar la transparencia en el uso de fondos públicos.