España sigue afrontando problemas legales derivados del recorte a las renovables. Ahora, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (EEUU) ha rechazado la solicitud de entrar a revisar tres laudos arbitrales emitidos previamente por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que dan la razón a las empresas afectadas por los recortes a las renovables que arrancaron en España en el año 2013.
Ni un solo magistrado se ha puesto a favor de la Abogacía del Estado española, por lo que las deudas con las entidades NextEra, 9REN y JGC quedan confirmadas. Aunque todavía queda la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la práctica este Tribunal acepta muy pocas apelaciones, por lo que las posibilidades de éxito son escasas.
España quería una revisión completa
En febrero de este año, la Abogacía del Estado interpuso un procedimiento ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia para que tres laudos dictados por el CIADI, en los que se condena a España a pagar cuantiosas indemnizaciones a las empresas afectadas por el recorte a las renovables, fueran revisados completamente.
Sin embargo, ninguno de los jueces que han conformado el tribunal que ha examinado la cuestión ha considerado necesario llevar a cabo la revisión solicitada.
Esta decisión hace que la ejecución de los laudos arbitrales esté más cerca que nunca.
Los laudos controvertidos
Los laudos cuya revisión no ha sido admitida condenan a España al pago de 290 millones de euros a NextEra en compensación por la retirada de las ayudas a las renovables, más otros cinco millones de euros como intereses de demora.
40 millones de euros al vehículo inversor 9REN, así como 3,5 millones de euros en intereses.
23,5 millones de euros a JGC, más 5,5 millones de euros en concepto de intereses de demora.
Estas condenas se unen a otras ratificadas en Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido.
En total, España tiene 25 laudos arbitrales pendientes de pago, que suman más de 1.560 millones de euros. Una deuda que continúa subiendo debido a la suma de los intereses de demora y a las costas judiciales. Se estima que los sobrecostes financieros y legales le añaden a esa deuda otros 330 millones de euros.
Nueva derrota ante el CIADI
España sigue presentando recursos ante las impugnaciones abiertas por las empresas afectadas, pero pocos de ellos han tenido éxito.
Recientemente, el CIADI ha rechazado la solicitud de la Abogacía del Estado de anular el laudo dictado a favor de la compañía alemana Steag, que condena al país al pago de 30 millones de euros.
Los argumentos de España
Desde que comenzaron este tipo de procesos, España ha estado argumentando que el Tratado de la Carta de la Energía no permite a sociedades de la Unión Europea pleitear en un arbitraje contra los Estados miembros.
El Tribunal de Apelaciones ha rechazado este argumento porque entiende que el hecho de tratarse de arbitrajes intracomunitarios no basta para que se acepte la excepción de inmunidad. Que es la respuesta mayoritaria que España está recibiendo cada vez que interpone recursos frente a los laudos.
Además, los tribunales estadounidenses han confirmado en alguna ocasión que los laudos del CIADI ratificados en Estados Unidos deben ejecutarse «del mismo modo que la sentencia de un tribunal de uno de los Estados».