La Dirección General de Consumo ha confirmado la apertura de un expediente sancionador a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.
El organismo ha requerido a esta en múltiples ocasiones para que retire los anuncios de viviendas que no incluyen en su información el número de licencia. Al no haber atendido la plataforma a esta petición, se ha optado por abrir un expediente sancionador.
En el punto de mira
Las plataformas dedicadas a los anuncios de viviendas turísticas están en el punto de mira de Consumo desde hace ya algún tiempo.
Se está investigando a las empresas del sector para garantizar una debida protección a los consumidores, pero también para evitar que haya competencia desleal y para verificar que se están cumpliendo con las obligaciones fiscales y que los propietarios de los inmuebles estén declarando correctamente los ingresos que obtienen a través del alquiler vacacional de sus propiedades.
El objetivo es proteger la seguridad jurídica tanto para los consumidores como para los proveedores.
Expediente a Airbnb
En España, es obligatorio que los pisos turísticos cuenten con la correspondiente licencia administrativa.
Aunque los trámites pueden variar ligeramente de una comunidad autónoma a otra, uno de los requisitos que se exigen para acceder a ella es que el inmueble esté debidamente registrado en el organismo creado a tal efecto.
Si toda la tramitación se hace correctamente, el inmueble recibe un número de licencia que debe constar obligatoriamente en todos sus anuncios. Esta es la forma que tienen los consumidores de saber que ese piso turístico es legal.
Sin embargo, en la práctica, en las grandes plataformas dedicadas al alquiler turístico es común encontrar anunciadas viviendas en las que no consta ese número de licencia.
Por ese motivo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a Airbnb.
Consumo inició una investigación el pasado mes de junio a través de la que ha detectado diversas incidencias, siendo una de las más comunes la falta del número de licencia en los anuncios.
En el caso concreto de Airbnb, desde Consumo se ha requerido a la plataforma en varias ocasiones para que retire «de forma inminente» miles de anuncios por esta razón.
La sanción por no retirar los anuncios se puede calificar como infracción grave y sancionarse con hasta 100.000 euros de multa.
Investigación por posibles prácticas engañosas
Al margen de esta investigación, Consumo ha puesto recientemente en marcha otra para analizar operaciones que se cree que se pueden estar gestionando de forma irregular a través de empresas de intermediación.
La investigación se centra en operaciones de pisos turísticos con licencia, pero cuya gestión se podría estar llevando a cabo de manera irregular desde empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España.
Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha declarado que «existen modelos de negocios asociados a la vivienda turística que obtienen pingües beneficios y hay bastantes pruebas de conductas que están cercenando el derecho a la vivienda en España».
El ministro también ha señalado que percibe por parte de la ciudadanía una sensación generalizada de descontrol en el ámbito de los pisos turísticos, y que esto no es asumible.
En busca de una regulación más completa
Para evitar este tipo de fraudes, el ministro de Consumo aboga por intervenir el mercado y exigir que los pisos turísticos paguen un 21 % de IVA por su actividad, igual que lo hacen los hoteles. Medida que finalmente ha quedado fuera del paquete fiscal aprobado para 2025.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado la creación de un registro único de alquiler turístico, de temporada y por habitaciones. Aquellas viviendas que no estén inscritas en este registro no se van a poder comercializar a través de plataformas especializadas.
Prácticas irregulares en el alquiler de inmuebles
El alquiler de inmuebles destinados a ser el domicilio del inquilino también está siendo examinado.
El pasado mes de octubre los técnicos de la Dirección General de Consumo empezaron a analizar las prácticas de algunas agencias inmobiliarias que podrían estar incurriendo en abusos contra los inquilinos en la gestión del alquiler. La más común que se ha detectado es obligar a los inquilinos a pagar la comisión por la gestión del arrendamiento.
Otras prácticas abusivas detectadas son la firma de contratos temporales sin que haya motivo que justifique esa temporalidad o la imposición de cláusulas que son contrarias a la legalidad vigente.