«La huella de las desigualdades» es un informe elaborado por Oxfam Intermon, en el que se analiza cómo 40 grandes empresas españolas impactan en la desigualdad social y económica del país. Este documento ha puesto de relieve que el salario más alto que se paga en casi la mitad de estas entidades, supera hasta 50 veces al salario medio de sus empleados.
El informe también destacan que el 58 % de esas compañías no publican ningún compromiso con el pago de salarios dignos a sus empleados. La cifra se eleva al 85 % cuando el compromiso se refiere a las personas que trabajan en su cadena de valor.
Los principales hallazgos del informe
El documento revela que existe una gran brecha salarial dentro de estas compañías, donde el sueldo del ejecutivo de mayor rango supera decenas de veces la cantidad que se estima como salario medio en las mismas.
Para Intermon, la remuneración excesiva de los altos ejecutivos y la falta de inversión en salarios dignos contribuyen al aumento de la desigualdad en España.
También destaca que estas 40 empresas generan ingresos conjuntos equivalentes al 44 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país y obtienen beneficios millonarios (197.092 millones entre 2020 y 2023), lo que concentra todavía más la riqueza en pocas manos.
Reparto millonario de beneficios
Casi la mitad de los beneficios obtenidos por las empresas analizadas para elaborar el informe se han destinado al pago de dividendos a los accionistas.
Solo durante 2023, estas compañías abonaron un total de 29.000 millones de euros a sus accionistas. Cifra que supera en más del 50 % el gasto público que se hace en educación en España.
En un 60 % de las empresas analizadas, el máximo ejecutivo percibe un sueldo por encima de los dos millones de euros anuales. En el 35 % de los casos, el suelo medio de los miembros del comité de dirección es superior al millón.
«Esa riqueza la distribuyen prioritariamente hacia colectivos que ya están favorecidos: altos directivos y accionistas», señala Miguel Alba, autor del estudio.
El autor destaca que «es justo en el interior de las empresas donde comienza la desigualdad, con un reparto poco equitativo de los beneficios, y donde no se garantizan unas condiciones laborales y salariales dignas para todos sus trabajadores. Sus prácticas priorizan que gran parte de esa riqueza revierta en personas pertenecientes a las capas privilegiadas de la sociedad, como directivos y accionistas, frente a otros actores de estratos menos favorecidos involucrados en la actividad empresarial, como sus plantillas o incluso sus empresas proveedoras».
Por lo que se refiere al esfuerzo ambiental. El documento recoge que solo una quinta parte de las empresas analizadas están reduciendo de forma efectiva sus emisiones de CO2 directas, las procedentes de sus fuentes de energía y las de su cadena de valor. Por ello, se estima que el compromiso de las grandes empresas con la descarbonización es claramente insuficiente. «Al ritmo actual de disminución de sus emisiones directas, las empresas no culminarían la descarbonización de su actividad hasta el 2064, dentro de 40 años», recoge el estudio.
El informe propone soluciones
Desde Oxfam Intermon no solo destacan lo que está ocurriendo, también proponen algunas alternativas para solucionar la desigualdad.
«Para poder avanzar hacia sociedades más justas y poner freno a las desigualdades, resulta imprescindible dejar atrás un modelo empresarial obsesionado por maximizar la rentabilidad en el corto plazo para contentar a los mercados, dejando de lado los impactos sociales y ambientales de su actividad, así como el bienestar de las personas. Las grandes empresas son responsables de estas tendencias y necesitan tomar medidas de manera urgente», explica el autor del informe.
Desde la ONG proponen recomendaciones para que las empresas contribuyan a la lucha contra la desigualdad, dando prioridad a un nuevo modelo de gobernanza empresarial que avance hacia un modelo más inclusivo y priorice la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones, en el reparto de los beneficios y en los órganos de dirección.
Al Gobierno le piden la adopción de políticas laborales orientadas a equiparar los salarios, reducir la brecha de género y posibilitar la conciliación. Para ello proponen medidas como la flexibilización de horarios y la reducción progresiva de la jornada.
Además, proponen reforzar la lucha contra el fraude fiscal en favor de la transparencia financiera.