La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha anunciado su intención de emprender acciones legales frente a las empresas que importan tomate de origen marroquí al territorio de la Unión Europea excediendo las cantidades permitidas por el acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.
La investigación llevada a cabo por esta entidad cifra el fraude fiscal en unos 72 millones de euros desde 2019, al haberse importado 230.000 toneladas más de las permitidas.
Acuerdo comercial entre Marruecos y la UE
Marruecos y la UE mantienen intensas relaciones comerciales que se han potenciado todavía más a través de la firma de acuerdos que buscan facilitar los trámites y limitar la aplicación de aranceles.
El acuerdo agrícola que está en vigor en la actualidad establece un contingente arancelario para los tomates (entre otros productos del campo). Esto implica que hay una cantidad máxima de tomates marroquíes que pueden entrar en el territorio de la Unión Europea sin pagar aranceles elevados.
Para poder disfrutar de este beneficio, los tomates de Marruecos tienen que cumplir ciertos requisitos de calidad. Además, su precio de entrada al mercado europeo no puede superar el umbral establecido.
En la actualidad, el límite anual de toneladas de tomates exentas de tasas que las empresas pueden importar es de 285.000, y el su precio mínimo es de 0,46 euros por kilo.
Los importadores exceden las tasas
Lo que denuncia COAG es que los importadores han estado excediendo el contingente arancelario durante años.
Se estima que desde 2019 se ha superado en 230.000 toneladas la cantidad permitida, lo que implica un fraude fiscal de 14 millones de euros al año (72 millones de euros en total).
Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, ha señalado que «las cuentas son lo más benevolentes posibles con Marruecos, ya que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la UE sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos, lo que haría aumentar las cifras estimadas».
La ilegalidad del acuerdo comercial con Marruecos
COAG también reclama la suspensión inmediata del acuerdo de libre comercio con Marruecos, ya que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2024.
El acuerdo fue declarado ilegal porque los pactos firmados por Marruecos y la UE afectan también al Sáhara Occidental sin que se consultara previamente ni obtuviera el consentimiento del pueblo saharaui. Esto supone una vulneración del derecho a la autodeterminación y el principio de no colonización.
La suspensión del acuerdo implica el cese de las preferencias arancelarias en la UE para los productos marroquíes, lo que supondrá una pérdida de competitividad de los mismos al tener un precio más alto como consecuencia de tener que afrontar aranceles elevados.
A pesar de haber sido declarado ilegal, la propia sentencia permite la extensión del acuerdo durante 12 meses a contar desde su fecha de publicación (hasta el 5 de octubre de 2025), algo con lo que los agricultores europeos no están de acuerdo.
Andrés Góngora ha declarado «los agricultores y agricultoras europeos no hemos tenido ese período de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo».
Le piden a la UE que ponga fin a este acuerdo de libre comercio que está provocando que los agricultores europeos pierdan rentabilidad. Para ello, desean que el Gobierno español se posicione del lado de los agricultores nacionales y presione a las instituciones europeas para que se anule lo antes posible el acuerdo.
El acuerdo con Mercosur también preocupa
A finales del año pasado la UE firmó un tratado de libre comercio con el Mercosur después de años de negociaciones.
Esta medida ha provocado las protestas de agricultores en diferentes países de la Unión. En el caso de España, miles de personas salieron a la calle a mediados de diciembre para protestar frente al acuerdo.
Los afectados alegan que se va a producir una situación de competencia desleal ya que será muy complicado competir con los productores ganaderos y agrícolas sudamericanos. Porque estos no tienen que cumplir las exigencias productivas que impone la UE y afrontan menores costes productivos y laborales. Por tanto, pueden ofrecer su producto a un precio más bajo.