La facturación del sector ibérico de transporte de mercancías por carretera registró en 2024 un incremento de los ingresos de un 2,4 % en comparación interanual. Un crecimiento algo más moderado del registrado para España y Portugal en 2023.
Los datos del Observatorio Sectorial DBK estiman el valor de este mercado en 21.375 millones de euros. El volumen de negocio en España fue de 17.450 millones de euros el pasado año y de 3.430 millones de euros en Portugal.
Un sector con una elevada atomización
Una de las principales características de este sector es que la gran mayoría de las empresas que operan en él son pequeñas compañías y hay también muchos autónomos, por lo que su flota es reducida y, en muchos casos, se limita a un único vehículo.
Hay algunas grandes empresas de transporte, pero su influencia en el mercado es relativamente pequeña en comparación con el conjunto de pymes.
En 2023 había en la península Ibérica unas 117.500 empresas dedicadas al transporte de mercancías por carrera, de las cuales la gran mayoría eran pequeñas compañías y autónomos. De ellas, unas 109.600 se ubicaban en España y 8.000 en Portugal.
Por comunidades autónomas, las regiones con más empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera son Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Estas regiones engloban más del 60 % de las empresas nacionales de este rubro.
En Portugal la gran mayoría de las empresas de este tipo están ubicadas en la región centro, en el norte y en Lisboa. La actividad en el sur del país es notablemente más baja que en el resto del territorio.
Esta atomización se traduce en un alto nivel de competencia que en los últimos años ha llevado a una reducción de precios y a una caída de los márgenes de beneficios, especialmente a medida que han ido creciendo os costes.
Además, la fragmentación del mercado dificulta la coordinación y colaboración entre empresas, lo que puede dar lugar a ineficiencias en el sistema de transporte.
Baja la morosidad en el sector
Uno de los grandes obstáculos para la consolidación de las empresas de transporte de mercancías por carretera ha sido siempre el alto nivel de morosidad que han tenido que soportar. Un factor en el que se ha estado trabajando en los últimos años para intentar conseguir mejoras.
Según los datos que maneja el Observatorio Permanente de la Morosidad y los Pagos, la morosidad que sufren los transportistas en el ejercicio de su actividad con respecto a cargadores e intermediarios está lejos de solucionarse, pero ha habido avances.
El pasado mes de diciembre, el tiempo medio de cobro de las facturas estaba en 63 días, lo que supone 20 días menos que en 2021.
A ello ha contribuido el nuevo régimen sancionador contra la morosidad en el sector del transporte por carretera que entró en vigor precisamente en 2021. Las multas que establece la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres oscilan entre 401 y 18.000 euros, dependiendo el importe de la factura que no se ha pagado en plazo.
La multa puede llegar a ser de hasta 30.000 euros si se considera que la conducta afecta de manera significativa a la capacidad y la solvencia económica del acreedor, o si se ha superado en más de 120 días el plazo máximo legal previsto para el pago.
Los datos demuestran también una reducción significativa del número de morosos. En diciembre el porcentaje de empresas cargadoras e intermediarias que incumplieron la legislación sobre morosidad (que pagaron pasados 60 días) se redujo hasta el 48 %, cuando a comienzos del 2021 la cifra superaba el 65 %.
Los incumplimientos más graves, los que superan los 120 días, se han reducido de manera importante, pero todavía hay un 6 % de empresas que retrasan sus pagos hasta cuatro meses. El resto de morosos incurren en retrasos leves de entre 60 y 90 días.
Otra de las medidas que está teniendo un fuerte impacto a la hora de reducir la morosidad en el sector es la lista de morosos que se publica periódicamente y que recoge la identidad de empresas cargadoras e intermediarias del transporte que han incumplido la ley en materia de pagos.
Figurar en esta lista afecta a la calificación de solvencia de las empresas y les dificulta el acceso a la financiación, por lo que cada vez más compañías intentan hacer sus pagos dentro de plazo.