La alianza entre Donald Trump y el magnate Elon Musk ha sido puesta en entredicho incluso antes de que se celebran las elecciones presidenciales.
Tras el apoyo dado por Musk a la campaña del republicano, este le puso al frente de un nuevo organismo, el «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE).
En los últimos días se ha sabido que esto ha permitido a Elon Musk tener acceso total a los datos fiscales privados de los ciudadanos, y se ha desatado la desconfianza.
Miedo al poder de Musk
El DOGE no es un departamento federal propiamente dicho ni tampoco una agencia federal, es una comisión asesora presidencial que tiene como finalidad reestructurar el gobierno federal y eliminar regulaciones para reducir los gastos y aumentar la eficiencia del gobierno. Una entidad ad hoc adscrita a la Oficina del Presidente y cuya estructura corresponde al Servicio Digital de Estados Unidos, creado por Barack Obama en 2014, pero a la que se le cambió el nombre mediante el decreto de Trump del 20 de enero.
La comisión está bajo la dirección de Elon Musk, y recientemente se ha hecho público que este tiene acceso al sistema que controla todos los datos y pagos de IRPF, de Seguridad Social y de seguros médicos de los ciudadanos estadounidenses.
El propio Departamento del Tesoro dio acceso al equipo de Musk al sistema que se encarga de registrar y controlar todos los pagos que realiza el Gobierno de EEUU y que tiene constancia de todos los datos personales de los contribuyentes.
Esto ha generado dudas sobre el verdadero poder que está amasando Musk, que no es un cargo electo ni empleado del Gobierno.
De hecho, un miembro de su equipo, Marko Elez, recibió hace unos días privilegios de administrador en los sistemas de pago del Tesoro. De forma que este hombre de 25 años tiene poder para cancelar de forma unilateral los pagos ordenados por el Gobierno del país.
Wall Street Journal ha informado de que el equipo de Musk también tiene acceso a «sistemas de pago y contratación clave» tanto de las aseguradoras públicas que pagan la sanidad de los pensionistas (Medicare) como de las personas más pobres (Medicaid).
La oposición ha señalado que, a efectos prácticos, Musk se ha convertido en el que decide personalmente qué personas o empresas merecen seguir recibiendo pensiones, ayudas públicas o pagos por contratos ya firmados.
El Gobierno toma medidas
Las acciones de Musk al frente de DOGE; como la decisión que tomó hace unos días de cerrar de golpe USAID, una agencia de ayuda al desarrollo internacional; no están amparadas por la ley, lo que ha provocado diferentes denuncias.
Los expertos han mostrado su preocupación por la deriva de Musk, que ha incluido en su lista de «gastos inútiles» incluso los pagos por los intereses de la deuda de EEUU. Así, si decide cancelar los pagos, podría él solo desatar una crisis de dimensiones globales.
Ante esta situación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha restringido temporalmente el acceso del DOGE a los datos financieros sensibles del Departamento del Tesoro, tras recibir una demanda por parte de sindicatos y jubilados, que acusaron al Tesoro de llevar a cabo una acción ilegal al proporcional al DOGE información privada sobre pagos.
Sin embargo, hay una excepción. Los empleados gubernamentales Tom Krause y Marko Elez, ambos vinculados a Musk, pueden acceder a la información «según sea necesario» para llevar a cabo sus funciones, aunque en la modalidad de «solo lectura».
Por otro lado, varios jueces ya han ordenado poner de nuevo en marcha pagos que habían sido detenidos, porque la Constitución establece que esta competencia le corresponde en exclusiva al Congreso y que la Administración debe respetar lo dispuesto en los presupuestos.
Paul Krugman, premio Nobel, ha señalado que «los estadounidenses pueden haber experimentado ya lo que equivale a un golpe de Estado del siglo XXI. Puede que no haya tanques en las calles, pero el control efectivo del Gobierno puede estar ya fuera del alcance de los funcionarios electos».
Ron Wyden, senador demócrata y miembro del Comité de Finanzas, ha manifestado que las actividades de Musk en China a través de Tesla pueden constituir un conflicto de intereses. Al acceder a grandes cantidades de datos sobre millones de estadounidenses y pagos del Gobierno, Musk podría suponer «un riesgo para la seguridad nacional».