El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025 traerá consigo una subida de 700 euros anuales, es decir, 50 euros más al mes. Sin embargo, no todos los trabajadores que perciben esta remuneración verán reflejado el aumento íntegro en sus bolsillos. Cerca del 20% de ellos estarán sujetos a retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que reducirá significativamente el impacto real de la subida.
Esto ocurre porque, por primera vez, el Gobierno ha decidido no actualizar el mínimo exento del IRPF en consonancia con el nuevo SMI. Así, el umbral de tributación se mantiene en los 15.876 euros anuales de 2024, mientras que el SMI para 2025 se ha fijado en 16.576 euros. Como resultado, quienes superen este límite deberán tributar por la diferencia, lo que podría traducirse en retenciones de hasta 300 euros anuales, reduciendo así el aumento real en su salario neto a unos 21 euros mensuales en lugar de los 50 previstos.
Según el comité de expertos consultado por el Ministerio de Trabajo, esta situación afectará a aproximadamente medio millón de trabajadores, principalmente jóvenes sin hijos que no perciben deducciones fiscales adicionales. En contraste, el 80% de los perceptores del SMI seguirán exentos de pagar el impuesto gracias a su situación familiar o personal. Por ejemplo, un trabajador con pareja e hijos menores de tres años no sufrirá retención alguna.
Frente a las críticas por la falta de ajuste del mínimo exento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la medida argumentando que sería «insostenible» seguir elevando el umbral de tributación con cada aumento del SMI. Según sus cálculos, actualizar el mínimo exento en 2025 habría supuesto un coste de entre 1.700 y 2.000 millones de euros para las arcas públicas, por lo que ha insistido en la necesidad de hacer «pedagogía fiscal» para que la ciudadanía comprenda la importancia de esta contribución.
Más allá del SMI, la decisión de mantener el mínimo exento en los niveles de 2024 podría generar distorsiones fiscales en otras franjas salariales. En particular, podría dar lugar al llamado «error de salto», una situación en la que los trabajadores con ingresos ligeramente superiores al umbral exento enfrentan un aumento desproporcionado en su carga tributaria, a veces superior al incremento de su salario. De hecho, en casos extremos, algunos trabajadores podrían llegar a tributar hasta un 43%, el tipo marginal máximo del IRPF.
Para evitar este problema, en 2024 el Gobierno elevó el mínimo exento y amplió las reducciones fiscales a contribuyentes con rendimientos netos del trabajo de hasta 19.747,5 euros anuales. No obstante, en 2025 no se han anunciado medidas similares, lo que podría traducirse en una mayor presión fiscal para ciertos trabajadores, reabriendo así el debate sobre la equidad del sistema tributario.
En definitiva, aunque el aumento del SMI representa una mejora salarial, su impacto real será desigual, ya que, mientras la mayoría de los perceptores seguirá sin pagar impuestos, una parte significativa verá reducido el beneficio de la subida debido a las retenciones fiscales. De modo que, si bien la decisión del Gobierno responde a la necesidad de garantizar la recaudación pública, también plantea interrogantes sobre la justicia del sistema impositivo y sus efectos en los trabajadores con ingresos más bajos.