Doce años después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) interviniera la agencia de valores AVA por un «agujero» patrimonial de 84 millones de euros, la Audiencia Nacional pondrá fin la próxima semana al procedimiento judicial abierto tras haber localizado un tercio del dinero evadido. El caso se remonta a 1998, cuando el banco Socimer, domiciliado en Bahamas y en el que AVA depositaba sus valores, presentó suspensión de pagos, dando lugar a la intervención de la agencia por parte de la CNMV y posteriormente a la apertura de una causa en la Audiencia Nacional, ya que la situación de la agencia afectó a más de 10.000 inversores.
El proceso estaba paralizado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y pendiente de la realización de comisiones rogatorias en distintos países, lo que, según explicaron fuentes jurídicas, ha llevado recientemente a identificar y localizar cuentas con el dinero defraudado en diversos paraísos fiscales, como Barbados.
En concreto, detallaron las fuentes consultadas, se han levantado embargos de otras cuentas en distintos países europeos, que han permitido recuperar un tercio de los 84 millones de euros defraudados en este caso.
Ante la imposibilidad de realizar más gestiones para hallar el resto del dinero que perdieron los inversores con la agencia de valores, se ha ofrecido a los afectados la oportunidad de recuperar ese tercio del «agujero» patrimonial a cambio de que no prosigan con las actuaciones judiciales.
Para ello, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, titular del Juzgado Central 6, ha citado la próxima semana a las partes para ponerles en contacto y formalizar los trámites que concluyan el procedimiento.
Además de estas diligencias, la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó en 2008 a cinco directivos de AVA contra los que se querellaron dieciocho inversores aragoneses y a su firma auditora Ernst&Young -como responsable civil subsidiaria-, a los que absolvió de los delitos de insolvencia punible y societario.
La auditora no está imputada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, pese a que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) le sancionó por considerar que su auditoría no era correcta, ya que no incluía los estados financieros de AVA.
Sin embargo, en 2000 la Audiencia Nacional sí impuso una fianza de más de 42 millones de euros a la auditora KPMG Peat Marwick por su responsabilidad en la quiebra de la agencia de valores, ya que no detectó errores en las cuentas del grupo Transáfrica y, principalmente, en el balance de Socimer, donde AVA depositaba sus valores.