El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) tiene previsto pronunciarse el próximo 8 de julio sobre la legalidad de la «acción de oro» que el Estado portugués mantiene sobre Portugal Telecom (PT) y que este miércoles utilizó para rechazar la venta del 30% de la brasileña Vivo a Telefónica.
Si, como sucede habitualmente, la sentencia confirma la opinión expresada previamente por el abogado general del Tribunal, el fallo declarará ilegales los derechos especiales del Estado sobre la compañía de telefonía.
En su escrito, publicado el pasado diciembre, el abogado general consideró que los motivos esgrimidos por Lisboa para mantener la «acción de oro» en PT no pueden justificar la restricción al principio de libre circulación de capitales que supone.
Por ello, recomendó a los jueces que declaren que Portugal ha incumplido las normas comunitarias y que den la razón a la Comisión Europea (CE), que fue quien en 2008 llevó el caso ante la Justicia.
El expediente de PT se abrió en Bruselas en 2005, cuando el Ejecutivo comunitario inició un procedimiento de infracción contra Portugal al considerar que los derechos especiales que el Estado se reservó cuando privatizó la compañía desincentivan la inversión procedente de otros estados miembros.
Entre los privilegios que Bruselas no acepta figuran la potestad de nombrar a la tercera parte de los miembros del consejo de administración, así como el derecho de veto en la elección de los directores y del consejo auditor y otras decisiones corporativas de calado, como las ventas de paquetes de acciones a competidores.
Insatisfecha con la respuesta del Ejecutivo luso, la CE demandó en 2008 a Portugal ante la Justicia europea.
Bruselas sigue defendiendo que los derechos especiales del Estado van más lejos de lo necesario para garantizar su derecho a proteger el interés general de los ciudadanos.
este miércoles mismo, volvió a insistir en que la «acción de oro» es «incompatible con la legislación europea» y constituye «una restricción injustificada al libre movimiento de capitales y al derecho de establecimiento».
En otros sectores, las «acciones de oro» también han enfrentado a Bruselas con Lisboa.
En 2008, el Ejecutivo comunitario decidió denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE los derechos especiales lusos sobre Energías de Portugal (EDP) y en 2009 hizo lo mismo con la «acción de oro» portuguesa en la petrolera GALP.