El Tribunal Supremo ha acordado que sea el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, en vez de la Audiencia Nacional, el órgano que investigue los hechos denunciados por un grupo de 78 afectados contra el fondo inmobiliario del Banco Santander por la congelación en la devolución de sus ahorros. En un auto publicado este lunes, la Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza la competencia de la Audiencia Nacional al señalar que «los hechos, tanto por su montante, cuya cuantía global se desconoce con exactitud, cuanto por su dinámica comisiva, no permiten afirmar una complejidad ni en su investigación ni una trascendencia económica».
De este modo, deberá ser el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid el que investigue los hechos denunciados en una querella, que se negó a tramitar al sostener que los perjudicados son «una generalidad de personas» radicadas «en el territorio de más de una audiencia», con lo que el procedimiento debía recaer en la Audiencia Nacional, que a mediados de 2009 también descartó su competencia.
La querella, presentada por los abogados Antonio Panea y Javier Sotos, que han impulsado varias causas contra el Santander, acusa a los responsables del primer banco español de estafa, apropiación indebida y otros delitos relativos al mercado como el uso de información privilegiada o la maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado.
Los letrados, que han pedido que se declare la responsabilidad civil directa o subsidiaria del Banco Santander y de su banco privado, Banif, sostienen que el fondo inmobiliario fue comercializado a pequeños ahorradores sin advertirles de los riesgos y, en cambio, permitió obtener 640 millones de euros en comisiones entre 2003 y 2008.
Además, aseguran que el banco facilitó información privilegiada a un pequeño grupo de inversores que vendieron sus participaciones en el Santander Banif Inmobiliario en octubre de 2008 con un alta rentabilidad.
Posteriormente se desató el pánico por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y, el 16 de febrero de 2009, el fondo avisó a la CNMV de que los inversores habían solicitado la devolución del 80% del patrimonio, que no podía atender por estar invertido en inmuebles.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó en marzo de 2009 al Santander a suspender durante dos años la devolución de los ahorros de sus más de 43.000 partícipes, que hasta ahora han recibido cerca del 10% de los ahorros depositados en el Santander Banif Inmobiliario.