El Sistema Institucional de Protección (SIP) entre Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz comenzará a funcionar de forma efectiva el 1 de enero de 2011, una vez las asambleas generales de las tres entidades den el visto bueno a la alianza. Así lo han indicado a Efe fuentes de CAI después de que ayer los consejos de administración de las tres cajas aprobaran el contrato de integración para la constitución del SIP, cuya creación solicitarán este miércoles al Banco de España, que lo analizará el viernes, según las mismas fuentes. En poco más de un mes desde que se firmó el acuerdo de intenciones entre las tres cajas se han sentado las bases del nuevo SIP.
La caja aragonesa destaca, en un comunicado, que el contrato de integración establece las condiciones generales para la constitución de un grupo consolidable de cajas de ahorros, a través de su articulación en una entidad central con forma de sociedad anónima.
Según el contrato, se compartirán sedes institucionales y operativas en las ciudades de Badajoz, Burgos y Zaragoza.
Asimismo, el contrato prevé la estructura de gobierno corporativo de la entidad central y su régimen de funcionamiento, así como los mecanismos para alcanzar la integración financiera y funcional del grupo, dentro de un marco de estabilidad.
En los próximos meses se completará el proceso de integración, con la culminación de la elaboración de un plan estratégico que desarrollará el informe de viabilidad que fue objeto de aprobación por los consejos de administración, y la realización de un análisis exhaustivo de datos de cada una de las cajas.
Según la CAI, los resultados de los test de resistencia publicados recientemente por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos muestran la fortaleza financiera del grupo que ahora se constituye, el cual supera el nivel de solvencia exigido (Tier 1) incluso en el escenario más adverso de los planteados.
Además, se logran estos resultados sin necesidad de recurrir a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El nuevo SIP preservará la naturaleza jurídica de las cajas que lo componen, sus Obras Sociales, órganos de Gobierno, señas de identidad y desarrollo del negocio minorista.
Según la caja aragonesa, esta alianza supone la constitución de uno de los grupos más solventes del mapa financiero español, que tiene entre sus objetivos continuar siendo líder en «core capital» (uno de los ratios que miden la solvencia de las entidades), así como mantener los rasgos distintivos de calidad en el servicio a sus clientes y apoyo al territorio de las cajas que lo forman.
La unión de intereses reforzarás los buenos ratios actuales de solvencia y liquidez de las tres entidades y les permitirá ganar eficiencia, al lograr una estructura de costes más ajustada.
Las tres entidades reúnen un volumen de activos de 21.394 millones de euros, unos recursos propios de 2.022 millones de euros y un beneficio recurrente de 281 millones.
Asimismo, presentan un coeficiente de solvencia del 13,5 por ciento, un «core capital» del 9,1 por ciento y una liquidez del 14,2 por ciento del activo, una de las más elevadas del sector, frente al 7,4 por ciento de las cajas y el 3,3 por ciento de las entidades de crédito.
La red total suma 619 oficinas y una plantilla conjunta de 2.945 empleados y, según la CAI, gracias a la complementariedad territorial de sucursales, este proceso no requerirá un ajuste «relevante» de puestos de trabajo.
El acuerdo también mejorará la cultura empresarial del grupo resultante, al potenciarse las mejores prácticas de cada entidad.
Si embargo, los sindicatos representados en las tres entidades, UGT, CCOO, Csica, Asipa y Accab, se oponen a la constitución de SIP porque entienden que, frente a las fusiones tradicionales, representa la «bancarización» de las cajas desde el momento en que con la reforma de la Ley de Cajas, cuya legalidad cuestionan, se ha abierto la vía para la entrada de capital privado.