La denominada ‘Guerra de las galletas’ llegó a su fin este jueves con el pago de la mayor indemnización por el despido de un alto cargo en España que la empresa hará a su exdirector, Juan Miguel Martínez Gabaldón, por un importe de 8,9 millones de euros, ante la falta de acuerdo entre las partes respecto a la readmisión del directivo, que hace diez meses fue despedido.
El pasado 1 de septiembre, el conflicto familiar dio un giro inesperado cuando Teresa Rodríguez, dueña de Galletas Gullón, celebró una junta dentro de un Mercedes –ya que sus hijos varones y dos hermanos, el antiguo consejo de administración, consideraron la reunión como ilegal y le denegaron el acceso a las instalaciones-, cuyo orden del día era la disolución de dicho consejo nombrándose administradora única de la compañía palentina.
De esta manera, la matriarca galletera se resarcía del golpe que supuso el que sus tres hijos, y sus hermanos, le quitaran todos los poderes de la empresa un año atrás. Fue relegada del cargo de presidenta y Gabaldón, el director general, fue despedido. El auto dictado este jueves por el juez establece que se ejecute la sentencia dictada en abril de 2010 y fija un plazo de 10 días para pagar la indemnización a Martínez Gabaldón.
La sentencia dictada por el mismo juez en abril estimaba parcialmente la demanda por despido interpuesta por Martínez Gabaldón y condenaba a la galletera a readmitir al alto directivo o a indemnizarle con 8,2 millones de euros más los salarios de tramitación, que ascendían a 704.335 euros.
Además impuso a la compañía con sede en Aguilar de Campoo (Palencia), en concepto provisional de intereses de demora y costas, el pago de 1.431.066 euros, con lo que la galletera deberá hacer frente al pago de 10,3 millones de euros.
El juez concluyó, tras la comparecencia celebrada el pasado 9 de septiembre, en la que llamó a ambas partes en respuesta a la solicitud de Martínez Gabaldón pidiendo la ejecución de la sentencia, que no hay acuerdo entre las partes en lo que respecta a la readmisión.
El auto señala en concreto que «es evidente que ninguna de las partes tiene confianza en la otra, e insiste en que es imposible tener la confianza que requiere una relación laboral especial de alta dirección cuando una de las partes mantiene abierta una querella por presunto delito de apropiación indebida y estafa.
Asimismo destaca que «no parece que la conducta de la empresa sea acorde a las exigencias de la buena fe» e insiste en que una relación laboral de carácter especial de alta dirección debe estar basada en la mutua confianza. «Difícilmente se puede confiar en un director general cuando se mantiene contra él una querella por administración desleal, añade el auto.
También se acoge el juez a las manifestaciones del actual director de la empresa, Félix Gullón, que reconoció que «en el momento actual no existe confianza, pero que se le readmite como mal menor para no proceder al abono de la indemnización, esperando que la readmisión pueda llevar a recobrar la confianza». El juez precisa que las partes no llegaron a ningún acuerdo en cuanto a la posible reincorporación de Martínez Gabaldón, «esencialmente por la falta de voluntad de la empresa de proceder a su readmisión».
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