El acuerdo marco de un expediente de regulación temporal de empleo para las empresas de Nueva Rumasa que lo necesiten, acordado hace dos semanas, está en punto muerto al no haber devuelto aún la familia Ruiz-Mateos el documento que los sindicatos UGT y CCOO le han remitido para trasladarlo a Trabajo.
Según han indicado fuentes de Nueva Rumasa, en relación a la situación en la que se encuentra este documento, «en el momento que hubiera un acuerdo, si hay que comunicar algo se haría».
Por su parte, el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha asegurado posteriormente que el objetivo es «firmar el documento en breve plazo», que son los abogados los que lo están analizando y que «hay que verlo y hacer los ajustes necesarios».
Fuentes sindicales han afirmado que si la familia Ruiz-Mateos quisiera modificar algún aspecto del documento que le han remitido para su rúbrica están dispuestos a analizarlo, pero que hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.
Las mismas fuentes han explicado que, si Nueva Rumasa sigue sin rubricar el documento, promoverán que los comités de empresa de los centros de trabajo donde hay impacto negativo de retribuciones salariales a los trabajadores y de falta de actividad insten un expediente de regulación temporal de empleo, por los citados motivos.
Precisamente, el citado acuerdo marco pretendía facilitar este proceso, ya que los centros de trabajo sólo tendrían que adherirse a él. En la reunión que el pasado 22 de marzo mantuvieron, en la dirección general de Trabajo, el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y representantes de los sindicatos CCOO y UGT, del Fondo de Garantía Salarial, de Trabajo y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino acordaron recoger en un documento las condiciones de estos expedientes de regulación temporal.
El objetivo de este documento marco de estos EREs temporales -de un máximo de 180 días (6 meses) y aplicables en un plazo máximo de un año- era solicitarlo en Trabajo para las empresas que lo necesitaran y que aún no han entrado en concurso de acreedores, y presentarlo ante los jueces en los que ya se encuentran en esa situación.
Con el objetivo, en este último caso, de que los jueces sean sensibles al acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos y no opten por la extinción de empleo.