La petrolera YPF, filial de la española Repsol, ha anunciado este miércoles que emprenderá «las medidas legales oportunas» contra la provincia de Chubut «para garantizar la defensa de sus derechos y para exigir –en su caso– responsabilidades públicas», después de que su gobernador, Martín Buzzi, informara de la cancelación de las concesiones de explotación de determinadas áreas por las caídas en la producción y en la inversión.
A través de un comunicado, YPF explica que, en contra de lo argumentado por Chubut, ha cumplido las pautas de inversión establecidas en el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos para las áreas afectadas –El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido–, «ya que ha realizado las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos».
En concreto, apunta que en Chubut «se evidencia un crecimiento ininterrumpido de inversiones desde el año 2009, que asciende a 350 millones de dólares (268,7 millones de euros) en 2011, lo que representa un incremento del 236 por ciento en ese periodo».
Además, señala que «en las reservas probadas en yacimientos explotados por YPF, se observan excelentes resultados». Así, «en su última emisión de reservas en Chubut, se mostró un incremento del 18 por ciento respecto al año anterior y del 24 por ciento en el período 2007-2011», mientras que «los pozos terminados en 2011 se incrementaron un 14 por ciento respecto al año anterior y un 83 por ciento en relación con 2007».
Por contra, YPF denuncia que «no están dadas las condiciones de seguridad jurídica en la provincia que permitan a la empresa y a sus socios el normal desarrollo de sus actividades, según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y en la Constitución Nacional».
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, también ha anunciado la cancelación de las concesiones de explotación de determinadas áreas, aunque no ha especificado cuáles. Por ello, YPF aún no se ha pronunciado sobre esta provincia.
Este movimiento se produce después de que Chubut y Santa Cruz recriminaran a YPF el incumplimiento de los acuerdos de inversión y producción, algo que la petrolera ha negado en un descargo que ha presentado «en tiempo y forma» a las provincias, en lugar del nuevo plan que sus gobernadores exigían.
El Gobierno de Argentina culpa a YPF de no haber hecho las inversiones suficientes para evitar el fuerte declive de la producción nacional de hidrocarburos que ha obligado al Estado a realizar millonarias importaciones de energía.