«Éste no es un conflicto nuevo». Así de contundente se ha mostrado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al habitual Consejo de Ministros de los viernes. «Desde enero, el Gobierno lleva trabajando intensamente, aunque con discreción sobre este asunto», ha explicado la portavoz gubernamental. Según la ‘número dos’ de Rajoy, el Ejecutivo lleva dos meses «tratando de evitar esto», es decir, que Argentina nacionalice YPF y, por lo tanto, expropie a Repsol de la parte que le corresponde.
Por el momento, y tal y como ha confirmado Sáenz de Santamaría, al Gobierno español aún no le consta ninguna decisión al respecto. Este martes, saltaron las alarmas en la prensa española y argentina, y al final para nada, puesto que la presidenta argentina, Cristina Fernández, no ha querido pronunciarse. Todo apunta a que existe un borrador en el Congreso argentino, donde el Gobierno «declara de interés público hasta el 50,01% de las acciones clase D de la petrolera». No obstante, este texto aún no se ha tramitado como Proyecto de Ley.
De ser así, ésta sería una mala decisión y «muy negativa para los intereses españoles», ha explicado la vicepresidenta española, que ha asegurado que el principal objetivo del Gobierno, no es otro, que «defender los intereses generales de España». Hasta el momento, el Gobierno no ha querido detallar las medidas que emprendería en caso de que la controvertida situación se produjera, pero sí que ha querido dejar constancia, nuevamente, de que habrá consecuencias. «Este Gobierno no va a permanecer parado», ha advertido la vicepresidenta, que ha aprovechado la comparecencia de este viernes para animar a Argentina a que reflexione.
Según la portavoz gubernamental, hay desplegada una estrategia en el ámbito internacional para transmitir al Gobierno argentino no sólo la “preocupación” del Gobierno español, sino también de “muchos Estados y muchas empresas” acerca de la situación en el país. Por el momento, el Gobierno ha mantenido contactos con los Ejecutivos de Estados Unidos, de México, que actualmente ejerce la presidencia del G-20, y de Colombia, anfitrión de la Cumbre de las Américas que arranca este vienres y donde algunos de los países participantes con inversiones en Argentina sacarán el debate sobre la seguridad jurídica.
Así se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir en el Palacio de Santa Cruz al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, a quien también ha trasladado la «preocupación» del Gobierno por los acontecimientos en torno a YPF. «Cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados», ha advertido el ministro, que al igual que Saénz de Santamaría, ha evitado detallar de qué manera reaccionaría España en caso de que esta crisis no se resuelva, «porque esa hora todavía no ha llegado y es tiempo de hacer una llamada al sentido común y al buen acuerdo», ha dicho.
A Argentina no le beneficia un «pleito» con España
No obstante, ha opinado que a Argentina «no le haría ningún favor tener un pleito de una cuantía no imaginada y volver a una Corte de arbitraje en Washington en la que ya ha estado presente demasiadas veces». En este marco de la llamada al diálogo y a la negociación, el ministro ha corregido las declaraciones que esta mañana el secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, hizo en una cadena de radio, donde indicó que si Argentina nacionaliza YPF podría convertirse en un «apestado internacional».
García-Margallo ha respondido a un periodista argentino que no comparte esta opinión. «Creo que tendría dificultades internacionales, pero ése es un adjetivo que yo no utilizaría nunca», ha indicado. El ministro ha recordado que en el año 2001 el Gobierno de José María Aznar salió al rescate de Argentina concediéndole un crédito de 1.000 millones de dólares, y ha advertido de que una ruptura entre los dos países por el caso YPF no se quedaría solo en el ámbito económico, sino que equivaldría a poner fin a una relación «fraternal de mucho tiempo». «Sería el peor de los escenarios», ha señalado.
El ministro de Exteriores ha afirmado que el Gobierno «comprende que la cuestión energética es un problema importante para Argentina», que «debe entender» a su vez que «la protección de los intereses y empresas españolas en el exterior es importante para España». Las primeras noticias que tuvo el Gobierno sobre las diferencias entre Repsol y el Ejecutivo argentino se remontan a principios de febrero, cuando se revocó un acuerdo de distribución de dividendos y el Gobierno argentino intentó fijar una política distinta de inversiones por parte de la empresa, a lo que siguió la retirada de las concesiones petrolíferas por determinadas provincias argentinas, lo que ha devaluado las acciones de la compañía en un 40%.
El ministro ha admitido tener conocimiento de la existencia de un borrado que permitiría al Gobierno argentino tomar el control de la petrolera. Ese texto, según García-Margallo, puede ser remitido directamente por la Presidencia argentina a las Cámaras, pero ha indicado que no tiene constancia de que ya haya llegado al Parlamento.