Red Eléctrica Corporación ha confiado en llegar a un acuerdo amistoso con el Gobierno de Bolivia para fijar un ‘justiprecio’ por el valor de la empresa expropiada Transportadora de Electricidad (TDE), donde la compañía española posee el 99,94% de las acciones. Para ello, la compañía española se pone a disposición del Gobierno de Evo Morales para entablar las negociaciones pertinentes, según han informado fuentes de la empresa.
«Respetamos la decisión soberana del Gobierno de Bolivia sobre la estructura del sector eléctrico del país, siempre que este proceso responda a los principios internacionales de derecho», han indicado las mismas fuentes, que han precisado, no obstante, que la compañía tiene la obligación de defender con todas sus fuerzas los intereses de sus accionistas, tanto nacionales como internacionales.
En este contexto, desde Red Eléctrica se ha resaltado que su gestión y estados financieros en Bolivia han sido auditados anualmente tanto por el síndico boliviano como por compañías multinacionales de auditoría de «reconocido prestigio internacional», lo que supone «iniciar cualquier negociación con unas bases marcadas por la transparencia en la gestión».
Las mismas fuentes han subrayado que en los últimos años la compañía ha realizado un «importante esfuerzo inversor» en Bolivia Así, a los más de 74 millones de dólares invertidos desde 2002 hasta 2011, de los cuales 69 corresponden a proyectos de red transporte, hay que añadir otros 14 millones de proyectos ya iniciados, lo que ofrece una cifra superior a los 88 millones de dólares.
Las inversiones suponen el valor de compra
«Teniendo en cuenta que la empresa TDE fue comprada en 2002 por 91 millones de dólares, la cifra anterior supone que las inversiones, tanto las ya realizadas como las comprometidas, suponen casi el total del valor de compra, lo que refleja nuestro compromiso por el desarrollo de este país», han destacado las mismas fuentes.
Asimismo, han subrayado que estas inversiones han situado a la red de alta tensión boliviana en unos estándares de calidad reconocidos internacionalmente, como lo demuestran las mínimas incidencias por interrupciones de suministro ocasionadas por la red de alta tensión que nosotros gestionamos. «Es importante destacar que al tratarse de un sector regulado nuestras inversiones son las máximas autorizadas por los organismos reguladores del país», han señalado desde la compañía.
Por último, las mismas fuentes han destacado también que desde 2008 los nuevos desarrollos de red se adjudican por ley a la empresa pública nacional Ende, por lo que las inversiones de la compañía española se ciñen al mantenimiento y modernización de las instalaciones ya existentes. «El descenso en nuestro ritmo inversor de los últimos años obedece por tanto a esta decisión también soberana del Gobierno de Bolivia y no a una decisión unilateral de nuestra compañía», han resaltado.
Decisión «negativa»
El ministro de Economía, Luis De Guindos, por su parte ha tachado este miércoles de «negativa» la decisión de Bolivia de nacionalizar la filial de Red Eléctrica Corporación, pero ha resaltado que el Gobierno de Evo Morales ha garantizado que compensará a la compañía española por la expropiación y las inversiones realizadas en el país.
«Lo que ha garantizado Bolivia es que se va a compensar a la empresa de los costes invertidos en la red de electricidad, lo cual evidentemente es un elemento que el Gobierno español va a vigilar» para que haya un «justiprecio» por la expropiación, ha asegurado De Guindos en declaraciones a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la UE.
Estas garantías las ha hecho llegar el Gobierno boliviano en los contactos mantenidos con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Industria, José Manuel Soria. «Este tipo de decisiones no gustan al Gobierno español porque creemos que es fundamental mantener la seguridad jurídica en el proceso de inversiones en países como Bolivia», ha afirmado De Guindos. También ha subrayado que Red Eléctrica «estaba dando un buen servicio desde el punto de vista de lo que es la economía de Bolivia y los ciudadanos de Bolivia».
El precedente de Repsol
Pese al precedente de la expropiación de la petrolera YPF, filial de Repsol, por parte de Argentina, De Guindos ha dicho que «no creemos que exista en absoluto ningún tipo de situación generalizada» en América Latina. «Son situaciones independientes», ha insistido. «Son decisiones que son negativas fundamentalmente para los países que las toman, para los Gobiernos de los países que las toman», ha señalado. «Tienen implicaciones a medio plazo desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico de estos países y de lo que es la garantía de las inversiones, y las inversiones son fundamentales», ha insistido.
En todo caso, el ministro de Economía ha apuntado que las empresas de capital español que trabajan en los países de América Latina «están haciendo una función y un servicio básico al desarrollo de estos países y también a lo que es el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos».