El Gobierno murciano ha negado tajantemente que vaya a cerrar la Televisión Autonómica 7, aunque ha considerado necesaria una revisión del modelo actual de televisión pública para conseguir «una gestión más sostenible».
El Ejecutivo regional desmiente así el anuncio del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, el pasado lunes en La Linterna de la cadena Cope en el que decía que esta empresa podría cerrar «si no mañana, pasado» y ayer, tras el revuelo generado por esas declaraciones, pidió disculpas y aseguró en su cuenta de twitter que se trató de «un ejemplo y no de un anuncio».
El Gobierno regional ha indicado en un comunicado que «no es posible continuar manteniendo» esta televisión con un elevado coste para el presupuesto autonómico en estos momentos de crisis económica.
Por eso, ha indicado que el Gobierno está manteniendo contactos con la empresa concesionaria de esta televisión pública, GTM, para solucionar esto y ha dicho que se están valorando dos opciones: la privatización del servicio o la continuación del modelo actual de televisión pública gestionada de manera indirecta por GTM. En este último caso, sería «necesario renegociar», han dicho, el contrato actual con la empresa concesionaria para reducir el importe actual.
En el caso de implantar un modelo privado, se realizaría convocando un concurso público para la privatización de la licencia de la Televisión Pública Autonómica, medida que sería posible a partir de la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, pendiente de publicación en el BOE para su entrada en vigor.
El Gobierno regional ha resaltado que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero que se están manteniendo contactos con GTM y realizando análisis y valoraciones de las dos alternativas, pero ha anunciado que la decisión se tomará antes del 31 de agosto.
Asimismo, ha apostado porque sean los trabajadores los «primeros en conocer la decisión del Ejecutivo autonómico al respecto y su calendario de desarrollo» y ha prometido que velará por el «respeto a los derechos de los trabajadores y el mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo».
Y es que, según han indicado, el Gobierno murciano «está obligado» a adoptar medidas de reducción de gastos para lograr el objetivo de déficit en el 1,5% del PIB exigido por el Estado, medidas que afectan negativamente a los empleados públicos de la Comunidad y a otros colectivos de la Región.