Pescanova dispone de liquidez sólo hasta el próximo 15 de abril para afrontar pagos a los proveedores, impuestos y necesidad circulante, lo que hace que la situación de la firma puede ser «dramática e insostenible» a partir de esta fecha si no se materializa antes la venta del negocio de Chile.
«Urge liquidez. Más allá del día 15 la firma necesitaría un crédito puente de entre 50 y 60 millones de euros de aplicación a partir de esa fecha para pagos a proveedores, impuestos y necesidad circulante», según han señalado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la compañía, que, por el momento, está abonando las nóminas a los trabajadores.
De su lado, fuentes oficiales de Pescanova consultadas por Europa Press afirmaron no tener conocimiento de dicha información.
Tras la solicitud de concurso voluntario, la banca acreedora se mantiene a la espera, consciente de que se trata de un escenario «complejo» y pendiente de que la firma presente finalmente esta semana sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pese a que las entidades acreedoras han mostrado su voluntad de poner en marcha un plan de viabilidad y de negociación para que la firma gallega pueda salir del concurso, se han visto obligadas ya a provisionar el 25% de la deuda concedida a la firma, tal y como recoge la normativa.
Este porcentaje se elevaría al 100% si en el plazo de un año no se ha logrado ‘levantar’ el concurso, según han explicado a Europa Press en fuentes financieras, que han cifrado la deuda del grupo en torno a los 2.700 millones de euros, es decir, más de 1.200 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).
Las entidades acreedoras eligieron para el asesoramiento en este proceso a la auditora KPMG, que ha declinado pronunciarse sobre dicho procedimiento.
El concurso, la «opción más segura»
Otras fuentes consultadas por Europa Press conocederas también de la situación de la firma han señalado que Pescanova ha optado por la solución «más facil y segura» para evitar que sus administradores respondan con su patrimonio, salvo que se detecte alguna irregularidad «de tal calibre» que el proceso vaya por la vía penal.
«Puede pasar cualquier cosa», han señalado las mismas fuentes, que no han dudado en afirmar que, tras la solicitud de concurso de Pescanova, otras filiales del grupo decidan seguir los pasos de Pescafina, que se ha acogido también al ‘preconcurso’ de acreedores.
«Irán más detrás, es lógico, es un efecto dominó», han señalado, al tiempo que han indicado que el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contaba con el ‘quorum’ suficiente para aprobar la solicitud de concurso voluntario de acreedores desde que se inició la reunión del consejo de administración del pasado jueves. «Podía haber durado media hora, lo tenía claro desde que llegó al consejo», han indicado las mismas fuentes.
Solamente cinco de los doce consejeros que integran el consejo de administración de Pescanova votaron en contra de la solicitud del concurso voluntario de acreedores y de la revocación del auditor BDO Auditores.
Por su parte, PwC y Deloitte se perfilan como las alternativas posibles de Pescanova para revisar sus cuentas y convertirse en su auditor ‘forensic’ (especialista en prevención y detección del fraude), tras la revocación de BDO, contra la que la firma gallega ha interpuesto una demanda al considerar que no ha realizado correctamente su trabajo.
En concreto, la compañía gallega ha contratado al despacho de abogados Albiñana & Suárez de Lezo para que se encargue de elaborar la demanda contra la auditora, firma que ha revisado sus cuentas desde 2001.
Por su parte, la CNMV se mantiene a la espera de que Pescanova complete esta semana la información financiera correspondiente al segundo semestre de 2012, al considerar que la remitida por la firma gallega es «incompleta e insuficiente».
Por ello, el organismo supervisor ha remitido a la firma un nuevo requerimiento «con apercibimiento del régimen sancionador», que incluye un plazo de cinco días hábiles para su contestación, plazo que expira este jueves.
Fuentes de la compañía señalaron a Europa Press que ya «están trabajando» en completar la información solicitada por la CNMV y mostraron su total predisposición «a colaborar».