La Fiscalía Anticorrupción defiende que el lanzamiento y venta de las participaciones preferentes no constituye delito y que «no hubo un plan preconcebido» para su gestión y diseño. «Nos encontramos con un producto que en si mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV», recuerda en cuatro escritos presentados este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
El Ministerio Público se ha opuesto así a que el magistrado investigue al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y a cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia por estafa en la gestión de este producto bancario.
Considera que «los hechos no son constitutivos de delito» y destaca que, en todo caso, «no puede atribuirse participación» a los querellados en el lanzamiento de este producto bancario. «Resulta dificilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido claramente orquestado por las entidades querelladas a las que habría que sumar, no se olvide, la práctica totalidad del sistema bancario y financiero español», asegura.
Vía Civil
La Fiscalía agrega en sus escritos que «es consciente de la importancia del problema, que afecta a múltiples ciudadanos que, en toda España, han adquirido estos valores» y precisa que «el engaño» al que se sometió a los clientes minoristas de las entidades «se centra esencialmente en la forma de comercialización del producto».
Por ello, recomienda a los afectados que sigan para denunciar la vía civil que resulta –agrega– «más rápida y eficaz». «La obtención de reparación indemnizatoria adquiere un primer plano que desborda por completo la cuestión penal», dice, descartando la investigación penal de los hechos.
Los escritos califican la conducta atribuida a las entidades que conformaron Bankia como «una mala práctica» e insiste en que el producto bancario contaba con el control y la regulación de la CNMV. En este sentido especifica que cuando el organismo regulador requirió expresamente a Bankia que adoptara las medidas necesarias para eliminar sus malas prácticas la entidad «acató inmediatamente» la orden.
«No encontramos elemento alguno que permita deducir que las entidades pretendían manipular los precios que debían establecerse en el canje de las operaciones sino más bien que su actuación estuvo guiada por la finalidad de encontrar un sistema que diera salida a las ofertas y demandas que recibían», dicen los escritos.
Anticorrupción defiende que la actuación de Bankia y las cajas que la conforman «era una práctica muy difundida, habitual si no generalizada, entre todas las entidades financieras emisoras» y recuerda que muchos de los compradores de preferentes «lograron obtener una elevada rentabilidad».
Andreu, que ya investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, recibió cuatro querellas contra los altos cargos de entidades bancarias que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros, la primera de ellas presentada por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) el pasado 15 de abril.
Todas ellas se dirigían contra las entidades Caja Madrid y su filial, la mercantil Caja Madrid Finance Preferred S.A.; Bancaja y su filial Eurocapital Finance; Bankia; y el Banco Financiero y de Ahorros.
En cuanto a las personas físicas denunciadas, en los escritos figuraban, además de las ya mencionadas, los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
Las denuncias también se dirigían contra «todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos».
Solicitaban que se les imputara a todos ellos la comisión de delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.