Renfe y Adif afrontan este jueves su primera jornada de huelga de las dos convocadas por varios sindicatos con representación en las compañías, que coinciden con una de las principales operaciones de salida y entrada de vacaciones de verano.
En la operadora, el paro está convocado por CCOO para el 31 de julio, y para el este día y el viernes 1 de agosto por CGT y el Sindicato Ferroviario.
En Adif, todos los sindicatos de su comité de empresa salvo UGT han convocado un paro de 46 horas ininterrumpidas que arranca el jueves y se extiende hasta el viernes.
Con estos paros, los sindicatos pretenden protestar por los déficits de personal que a su juicio presentan las dos compañías ferroviarias, a las que reclaman el diseño de sendos planes de recursos humanos que fijen sus necesidades de trabajadores y el rejuvenecimiento de sus plantillas.
En el caso de Adif, también manifiestan su rechazo a la decisión «unilateral» del ente de realizar convocatorias de movilidad de los empleados que, según sus datos, «podría suponer el desarraigo de 400 trabajadores» y denuncian que la compañía «no da solución» al millar de trabajadores que actualmente se ocupan de vender billetes de Renfe en las estaciones.
Ante estas huelgas, el Ministerio de Fomento ha decretado unos servicios mínimos que garantizan la circulación del 77% de los trenes AVE y Larga Distancia inicialmente programados para estos dos días.
En el caso del servicio de Media Distancia (regionales) se prevé la salida de entre el 63% y el 65% del total, y para Cercanías, la mitad de los trenes habituales, salvo en las 'horas punta', cuando circularán un 75%.
«Perjuicios para los ciudadanos y la economía»
Con estos servicios esenciales, Fomento pretende «compatibilizar el interés general de los ciudadanos y sus necesidades de movilidad con el derecho a la huelga de los trabajadores».
En su resolución de servicios mínimos, el Departamento que dirige Ana Pastor, recuerda que los paros tienen lugar en «días de excepcional movimiento de viajeros, en los que se producen numerosos desplazamientos coincidentes con el inicio o la finalización de las vacaciones estivales de muchos españoles».
«Por lo que retrasar o adelantar los desplazamientos para otro día o utilizar medios de transporte alternativos, suprimir servicios ferroviarios o limitarlos excesivamente perjudicaría gravemente el derecho a circular por el territorio nacional que recoge la Constitución», argumenta el Ministerio.
Fomento estima que ello causaría «perjuicios de imposible reparación tanto para los ciudadanos como para la economía del país» para justificar así los porcentajes de trenes mínimos que circularán en los días establecidos.