El Gobierno no ve ningún problema en promover al exministro de Defensa Eduardo Serra para el Consejo de Administración de Airbus –del que ahora forma parte el exministro de Industria Josep Piqué–, habida cuenta de que hace 14 años que Serra dejó el Ministerio de Defensa y ya no puede incurrir en incompatibilidad alguna.
Así lo asegura el Ejecutivo en la respuesta que ha remitido a la portavoz de Defensa de UPyD, Irene Lozano, quien aprecia en este asunto un claro caso de 'puerta giratoria' y por eso pidió explicaciones al Gobierno.
Según explicaba Lozano en el escrito que registró en el Congreso, España posee el 4 por ciento de Airbus, por lo que tiene la potestad de proponer un candidato para su máximo órgano de dirección, en calidad de representante institucional del país.
Tras recordar que, desde su salida del Gobierno de José María Aznar, Serra «ya ha pasado por casi una docena de empresas», la diputada magenta planteó una serie de preguntas para saber, entre otras cosas, «qué criterios concretos de idoneidad» tiene el exministro para ocupar un cargo en el Consejo de Airbus y si la Oficina de Conflicto de Intereses se ha pronunciado al respecto.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno no detalla qué méritos acumula Serra para optar al puesto, pero sí subraya que el órgano que analiza si los altos cargos incurren o no en incompatibilidades «no tiene que emitir ningún informe» sobre el exministro porque «han transcurrido 14 años» desde que dejó el Departamento que ahora dirige Pedro Morenés.
Lozano también preguntó al Ejecutivo si ha evaluado la posibilidad de sacar a concurso el puesto que quiere para Serra, si no lo considera un caso de 'puerta giratoria' y si piensa tomar alguna medida para poner fin a esta práctica.
Como respuesta a todas estas cuestiones, el Ejecutivo se limita a asegurar que a los miembros del Gobierno ya se les exigen «medidas que eviten que su imparcialidad e independencia se vean comprometidas por intereses privados» y que, con este objetivo, ya «se establece límites para el ejercicio de actividades privadas relacionadas con las competencias ejercidas».