La morosidad ha propiciado el cierre de más de 400.000 empresas en España desde 2008 y ha generado una menor competitividad de muchas de ellas y les ha obligado a despedir a sus empleados ante la demora en el cobro de sus facturas, según el estudio 'Informe sobre la morosidad del crédito comercial en España 2014', elaborado por EAE Business School y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
En concreto, el estudio pone de manifiesto que el retraso medio en los pagos sobre el plazo estipulado fue de 16,95 días, la tercera mayor media por detrás de Portugal e Italia. Esta cifra es superior a la media europea de retraso de pagos, que actualmente se sitúa en 14,11 días. Asimismo, el ratio de morosidad en 2013 en España (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 5,1%, porcentaje muy superior al de la media europea.
Portugal es el país de Europa donde se produce la mayor morosidad en las operaciones comerciales, seguido por Italia (20,84 días) e Irlanda (17,25 días). Los países que presentan los retrasos en pagos más reducidos son Alemania con 6,39 días, Países Bajos con 9,17 días, Bélgica con 11,31 días y Francia con 11,77 días.
El director del Centro de Morosología de EAE Business School y Director de Estudios de PMCM, Pere Brachfield, considera necesaria la promulgación de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de la legislación antimorosidad. «Sin penalizaciones administrativas, será imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la Ley», indica.
Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que el período medio de pago del sector privado español en 2013 fue de 85 días, un 8,6% menos respecto al periodo medio de pago de 2012, que fue de 93 días. La cifra está lejos de lo que establece la ley, que indica que los plazos de pago no pueden superar los 60 días naturales.
Así, el 68% de las empresas se han visto forzadas a aceptar acuerdos comerciales que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días. Además, en caso de sufrir impagos, solo un 12% exige habitualmente a sus morosos los intereses de demora devengados, frente al casi 75% restante que no lo hacen.
El estudio muestra además que solo el 43% de los pagos de las empresas españolas se ha hecho respetando las condiciones pactadas con sus proveedores, lo que supone un coste directo para el conjunto del tejido empresarial de 2.815 millones de euros.